En respuesta al editorial del 29 de octubre de 2024, titulado “Es urgente un proyecto que reviva La Rolita”.
La reciente posición publicada sobre la situación de La Rolita refleja un discurso problemático que parece justificar la omisión de requisitos legales esenciales en la creación de entidades públicas, generando confusión sobre el cumplimiento de las normas. Sin restar importancia al debate sobre la movilidad en Bogotá, el artículo plantea una premisa preocupante: que las obligaciones legales podrían ser opcionales cuando se trata de una “buena” causa. Esta visión es inaceptable, y además peligrosa, en una sociedad que debe basarse en el respeto a la ley.
Primero, la sugerencia de extender plazos para subsanar errores no debe aplicarse cuando se actúa bajo pleno conocimiento de la falta de cumplimiento legal. La omisión de un estudio de viabilidad para la operadora de transporte bogotana La Rolita es una grave falta que se realizó en contravención de los procedimientos y deberes públicos. Argumentar que una iniciativa es valiosa, como lo hizo el artículo, no justifica legalizarla a posteriori; sería irresponsable trasladar esta carga a los jueces, cuya única función es velar por el respeto a la ley.
Además, hablar de La Rolita como un operador público y del interés público sin considerar su estructura actual es engañoso. La Rolita ha sido enajenada en parte a un privado, ENEL, lo que cuestiona su estatus de operador exclusivamente público. Esta inversión privada significa que sus fines pueden incluir, válidamente, intereses particulares. Así, el argumento sobre una utilidad de $85.000 millones a favor del Distrito también queda en entredicho, pues los informes financieros de la empresa no corroboran dicha cifra, y sería impreciso presentar estas supuestas ganancias como una contribución neta al erario.
Por otro lado, el comportamiento de la Alcaldía y el Concejo Distrital —pasando por alto requisitos y procedimientos en la constitución de La Rolita— no pueden trasladar la responsabilidad del impacto financiero y social de esta omisión a la justicia. Esta postura de responsabilizar a la rama judicial por una falta de diligencia en el proceso es incoherente y podría interpretarse como un intento de coacción al poder judicial, que se vio forzado a tomar medidas ante el incumplimiento evidente de las normas. No debe alentarse, entonces, la creación de precedentes que premien el actuar anómico en el manejo de recursos públicos y empresas estatales.
Por último, la falta de claridad en los roles y responsabilidades de Transmilenio y La Rolita presenta un conflicto de intereses que merece un análisis crítico. Que Transmilenio funcione como ente gestor y, a la vez, participe activamente en la operación de un servicio público como La Rolita genera serias dudas sobre la objetividad y eficiencia en la administración de recursos y sobre el equilibrio competitivo en la prestación del servicio.
En lugar de una defensa incondicional, los medios deberían promover el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento institucional para que las soluciones a problemas como la movilidad se desarrollen de manera rigurosa, ética y responsable. La legalidad no es un mero trámite; es la base de un servicio público sostenible y transparente para todos los ciudadanos.
Por Jairo Enrique Angarita Feo
