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En respuesta al editorial del 14 de octubre de 2023, titulado “Siguen las traiciones”.
Es la primera vez que me siento motivado o estimulado a escribir unas líneas antieditoriales.
Se critica a Daniel Quintero y a Carlos Caicedo por sus renuncias a los cargos de alcalde de Medellín y gobernador del Magdalena, respectivamente.
Es resaltable la justificación democrática del editorialista para plasmar su crítica. Sin embargo, se alejó del derecho personal y constitucional que tiene un funcionario para decidir sobre su permanencia en un cargo público.
No considero una traición a los electores la renuncia de estos o cualesquiera funcionarios, cuando el motivo de su dimisión es benéfico para su colectividad. Es su derecho.
A contrario sensu, en nuestra maltratada democracia encontramos a otros funcionarios que han renunciado no para seguir en su lucha política, sino para huir de la justicia o del ente competente que los juzgaría imparcialmente.
Son casos deleznables, temerarios y cobardes que muestran la astucia de quienes persiguen salir ilesos de sus entuertos judiciales para caer en los brazos cómplices y corruptos de fiscales o jueces afectos a ellos que les garantizan impunidad, además de ser estos cínicos defensores de oficio de quienes tienen el deber legal y constitucional de acusar y probar su responsabilidad penal.
Esos personajes siniestros que tienen innumerables áulicos en la Rama Judicial sí son traidores no solo de sus electores y de la colectividad, sino “traidores patrióticos” de una nación que espera de ellos pulcritud, entereza y gallardía para afrontar sus procesos, en contravía de sus cacareadas manifestaciones de “frentera y cristalina conducta sociopolítica”. Al final, prueban su inmenso poder y cobardía, aunque terminen pasándose por la faja la Constitución y la ley.
Pero vuelvo a mi posición antieditorial: las conductas y acciones de esos personajillos cobardes ante la ley y la justicia son su derecho, aunque sean torticeras.
Por último, defenderé el derecho de unos y otros, sin que ello sea óbice alguno para el análisis crítico de sus conductas y acciones.
Los primeros siguen una línea de servicio a la colectividad y de apoyar un proyecto político que hoy es incipiente y perseguido por aquellos que huyen descaradamente de la justicia. Lo de los segundos, aunque sea un derecho, es usado para escapar o huir y que sus crímenes queden en la impunidad.
Así las cosas, tenemos a quienes renuncian por propósitos de servicio y trabajo por la colectividad, y a aquellos que con su renuncia solo persiguen lograr su impunidad y preservar su poder económico, político y delictivo.
* Abogado de familia.
Por Jorge Arturo Arciniegas Molina*
