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En respuesta al editorial del 7 de septiembre de 2023, titulado “Exceso de torpezas en la contratación de pasaportes”.
El editorial impone algunas precisiones respecto del procedimiento de licitación 001 de 2023, abierto con el objeto de contratar el suministro, la formalización y personalización de libretas de pasaporte y etiquetas de visa.
En primer lugar, el hecho de denominar como “torpeza” lo sucedido durante el referido procedimiento resta importancia a las graves afectaciones de los principios constitucionales y legales de libre competencia entre pluralidad de oferentes y selección objetiva en condiciones de estricta igualdad que gobiernan la contratación del Estado.
En efecto, las reiteradas suspensiones de la licitación van más allá de una simple “torpeza”, para constituir clara violación del imperativo de planeación que se impone a las actuaciones contractuales de las entidades públicas, además de poner de presente la incompetencia de los funcionarios encargados de adelantar este procedimiento.
De otra parte, limitar el proceder de la Cancillería a una serie de equivocaciones encadenadas resta importancia al hecho ciertamente grave de que la entidad desestimó e ignoró legítimas observaciones de distintas empresas interesadas en participar, fundadas en un vasto conocimiento del mercado internacional de documentos de seguridad. Estas observaciones coinciden exactamente con las expresadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un informe entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores en noviembre de 2022, como resultado de una consultoría contratada por el mismo. Precisamente las recomendaciones expertas, que el Ministerio se abstuvo de publicar, se aportaron como prueba en denuncias penal, disciplinaria y administrativa presentadas el 18 de agosto último y reveladas al público a inicios de septiembre.
Así las cosas, la insistencia en fijar requerimientos en el pliego de condiciones definitivo que excluyeron a cualquier proponente distinto del actual contratista no apunta solamente a una serie de errores fortuitos, sino a acciones deliberadas.
Por último, para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de expedición de pasaportes y etiquetas de visa no se requiere insistir en una licitación a todas luces irregular, cuando existen instrumentos jurídicos idóneos para hacerlo sin que ello comporte violación de la Constitución y la ley.
La precisión con la que se manejen este tipo de incidentes es vital para que el público entienda la gravedad de los hechos. Minimizar la ineficiencia y la reiterada negligencia con la que se ha conducido el procedimiento de licitación no contribuye a promover el respeto por el ordenamiento superior ni las buenas prácticas en la contratación pública, esenciales para el buen manejo de los recursos del Estado y la debida provisión de servicios a la ciudadanía.
Por Luis Alfonso Villegas Aguilar
