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En respuesta al editorial del 9 de enero de 2021, titulado “Revocatorias caprichosas y populistas”.
En su editorial del 9 de enero pasado, El Espectador nos presenta una lectura fatalista de la revocatoria del mandato que, sin proponérselo, termina satanizando la democrática figura. Lectura respetable, desde luego, pero que no puedo compartir por las razones que expondré a continuación.
El editorialista afirma que la Constitución contempla la revocatoria de mandato como una medida de emergencia. Esta tesis no es precisa, pues allí se establece la revocatoria del mandato como un derecho o potestad del pueblo derivado del principio de la soberanía popular, mediante el cual le exige al elegido el cumplimiento del mandato otorgado, concediéndole al elector la posibilidad de revocarlo.
Este es uno de los aportes más significativos que nos dejó la Constitución de 1991, tendiente a materializar la democracia participativa. Se trata de un desarrollo del ejercicio de la soberanía popular, que concede a los electores el poder de controlar la conducta de sus representantes; en otras palabras, establece un nexo de responsabilidad entre electores y elegidos.
A este ejercicio democrático podemos llamarlo democracia real y no debería asustarnos. La revocatoria del mandato fue reglamentada mediante la Ley 134 de 1994, y en estos 26 años de vigencia solamente un alcalde municipal ha sido revocado: el de Tasco, en Boyacá, en julio de 2018. Tampoco debería alarmarnos el hecho de que se presenten varias solicitudes de revocatorias de los alcaldes; por el contrario, es un síntoma de que la democracia está viva y los electores están ejerciendo sus derechos.
Desde luego, la figura de la revocatoria no es perfecta y se podría hacer mal uso de ella, pero es el precio que debemos pagar por la democracia. Satanizar la revocatoria por el mal uso que algunos pudieran hacer de ella es como satanizar el sufragio universal porque algunos lo corrompen.
Si nos atenemos a las cifras presentadas por El Espectador (en 2017, solo nueve de 117 iniciativas de revocatoria fueron convocadas), donde ningún alcalde fue revocado, el interés de los electores en la revocatoria es escaso, pues recordemos que la geografía nacional cuenta con 1.104 municipios donde cada cuatro años se celebran elecciones.
Las iniciativas de revocatoria emprendidas en días pasados por los electores en algunos municipios no son acciones caprichosas ni populistas, se trata del uso de una herramienta fundamental en la contienda democrática del siglo XXI. Es necesario aclarar que estoy defendiendo la institución democrática, pero no apoyo en particular ninguna de estas revocatorias.
El uso de la revocatoria debería estar más generalizado y su procedimiento debiera ser menos engorroso pues, como fue reglamentada por la ley, su ejercicio se hace nugatorio. Por lo tanto, en el actual estado de desgobierno y corrupción, en municipios y departamentos hay muchos electores potenciales usuarios de la revocatoria del mandato dispuestos a ejercerla.