La crisis energética y económica desveló caos y pesimismo, porque todo lo que podía salir mal falló; también soberbia e imprevisión del Gobierno, empeñado en maquillar errores con declaraciones melifluas y paliativos antitécnicos, “temporales” o regresivos.
Por: Germán Vargas G.
Colombia confundió los calificativos “economía emergente” y “en emergencia”, contagiada por aspiraciones y modelos incongruentes ante nuestras necesidades y posibilidades: necesitamos superar la improvisación endémica y el condicionamiento determinado por el colonialismo o esnobismo tecnócrata.
Sin embargo, derrochando costo de oportunidad, cada gobierno ha subsidiado esa historia con deformas que, desarticuladas, frustraron cambios progresistas en justicia, salud o educación. La tributaria, verbigracia, supone habilitar de nuevo ese examen para que el país no pierda el grado de inversión: realismo mágico o kafkiano de un país donde “es más barato comprar armas que libros” (Obama) y el contrabando compite con la cartelización (de cuadernos).
Entretanto la falacia petrolera generó dependencia hacia un presupuesto nada conservador. Cuentas alegres —incrementando salarios oficiales IPC+1%, sustrayendo mermelada y empeñando vigencias futuras—, este Buen Gobierno quedó sin reservas para intervenciones contracíclicas y, en riesgo de incumplir su propia regla fiscal, apela a medidas desesperadas como: austeridad “retardada”; correcciones desfasadas (crudo/energía); subasta sin competencia; enmiendas que presionan tasas transigiendo las pérdidas por corrupción, evasión y elusión.
Por otra parte, la reciente recuperación industrial puede confundir los efectos estructurales de la enfermedad holandesa con la relajación temporal del petróleo y la revaluación. Urge reformas inteligentes, autóctonas e innovadoras (disruptivas), tales como erradicar las asimetrías y redundancias impositivas; suprimir las rentas presuntivas; y exonerar las inversiones en I&D, automatización y capacitación en aquellas MiPymes que diversifican nuestra economía (y sustentan 80% del empleo).
La demanda interna (compre colombiano) absorbió cargas prohibitivas porque el mínimo es insuficiente, contrastada la valoración de la canasta básica. A propósito, el salario mínimo debería equivaler a ese referente de dignidad adquisitiva/vital, permitiendo gravar progresivamente el consumo conspicuo (según líneas base como el diario y el corrientazo, p.ej.).
Resolver inequidad (horizontal/vertical) precisa redefinir estándares irracionales: informalidad (52%); miseria/pobreza ($94.103/$211.807); clase media (¿70%?); 55% de los trabajadores recibe un mínimo, y cualquier ajuste simplemente desplaza o incrementa la proporción máximo/mínimo, cuya brecha debe regularse: los directivos ostentan prerrogativas sociales y limitar su compensación (supersalarios) con propósitos solidarios liberaría recursos para contratar trabajadores, mejorar productividad e invertir.
Erradique los multiplicadores prestacionales que distorsionan el costo/valor salarial: p.ej. sustituyendo los auxilios de transporte, por incentivos al uso de bicicletas; recargos (nocturnos/dominicales), primas y bonificaciones, por participación de utilidades. Elimine beneficios, deducciones y devoluciones que benefician minorías exclusivas (p.ej. pensiones voluntarias y medicina prepagada); y destine los subsidios de tasas a familias que no poseen vivienda (no continúe reforzando la concentración de propiedad).
Colombianos, aún indignados por tantas fallas socioeconómicas, la coyuntura no aguanta “el tal paro”. Presidente, confío saldrá a la “luz” el acuerdo Farc, cumpliendo su compromiso: 23/03/2016; atenuar el conflicto es necesario, aunque insuficiente considerando el déficit de sus promesas-gobierno: anclado en austeridades retardadas, no sea tacaño, necesitamos reformas inteligentes.
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