¿Por qué ni la una ni la otra?

En respuesta al editorial del 02 de diciembre de 2024, titulado “Temores y hostilidad con la ley de financiamiento”.

En democracia, el ejercicio de la política representa una legítima y legal contraposición de intereses. No ocurre así en dictadura, donde los únicos intereses vigentes son los del dictador y su camarilla.

Detrás de aquellos intereses se encuentra la defensa de los propietarios de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Es evidente que, incluso cuando los primeros legislan a favor de los segundos, tienden a legislar en su propio beneficio.

Lo anterior explicaría por qué, en esta coyuntura, entre el Ejecutivo y el Legislativo se están produciendo choques en torno a dos proyectos de ley que, aunque parecen distintos, podrían terminar siendo lo mismo.

El Ejecutivo ignora deliberadamente que los problemas que pretende resolver con la ley de financiamiento —como bien señala el editorial en cuestión— buscan que los legisladores lo ayuden a tapar los huecos que ha creado durante estos dos primeros años de tortuoso gobierno.

Estas razones explican por qué Petro ve amenazada su aspiración a una alucinante reelección en 2026, cuando tenga que enfrentarse al electorado para confesarle una dura verdad: que dejó al fisco sin recursos.

En paralelo, el apoyo acelerado del Congreso a la Ley General de Participaciones tendría motivaciones electoreras que tampoco traerían buenas noticias para los ciudadanos.

Como vivimos en Cundinamarca y no en Dinamarca, entregarles a los barones de los 32 departamentos colombianos crecientes porcentajes de los Ingresos Corrientes de la Nación no tiene sustento ni en buenas prácticas fiscales ni en políticas.

Las primeras han sido seriamente cuestionadas por estudios gremiales de diversa índole; las segundas, probablemente están siendo ignoradas.

Un estudio del primer quinquenio de estos años 2000, patrocinado por la Superservicios, comprobó que las transferencias de la Nación a las regiones, destinadas exclusivamente a acueducto y alcantarillado, terminaban irremediablemente en otros fines.

Casi todos, probablemente, asociados a la contratitis regional, ya que esas transferencias son el combustible de alcaldes, concejales, gobernadores y diputados para garantizar sus propias reelecciones, como Petro.

El estudio evidenció que esos recursos no se desviaban hacia la construcción de escuelas con maestros, hospitales bien dotados, puentes sobre ríos ni carreteras hacia algún destino. En este caso, tampoco los habitantes recibieron algún beneficio.

Es inexplicable, entonces, que, al momento de elegir candidatos, votemos por quienes, a cambio de nada, nos sustraen recursos escasos para obras que terminan “beneficiando” a unos pocos contratistas electoreros.

La suma de estas circunstancias políticas ayuda a entender por qué, en ambos casos, ninguno de los proyectos que se nos presentan como benéficos desde el aparato de Estado persigue legítimos beneficios para los contribuyentes. Y también explica por qué, en este caso, ni Petro tiene razón al presionar al legislador para que apruebe “su ley”, ni el legislador al autoaprobar “la suya”.

Ambas configuraciones serían dos modalidades de empresas criminales en la política criolla.