Por una justicia retributiva

En respuesta al editorial del 21 de diciembre de 2020, titulado “El espejismo de los monstruos”.

Si hay algo hoy monstruoso es lo que autores libertarios de sólida formación han denominado corrección política. A continuación, quiero exponer cómo ustedes incurren en esa práctica, que se caracteriza por mostrar indignación por injusticias desde un lugar de superioridad moral e intelectual que cuestiona los mecanismos naturales de funcionamiento de los individuos y las familias. Se esconde detrás de ello cierta censura soft contra la gente corriente, sus reacciones y manifestaciones, acusándolas de hacer parte de estrategias “ineficaces” que “persiguen lo que no existe”. Que las personas exijan, como yo, las máximas condenas retributivas contra criminales no es simplemente “pelear contra un espejismo”, es un clamor legítimo que muchos políticos, intelectuales y jueces de hoy califican ligeramente de vengativo, inconveniente o facho, anteponiendo conveniente e ideológicamente el derecho positivo sobre el natural.

Salvajada para mí es pretender buscar penas alternativas o restaurativas para delincuentes que perdieron sus derechos cuando arrasaron esos mismos derechos de otros seres humanos en clara desventaja física y emocional. Tratar de justificar la prevalencia escandalosa en una sociedad de ciertos delitos, como resultado de que hay “personas conocidas que están amparadas en la desigualdad estructural que se convierte en cómplice de la multiplicidad de abusos”, no puede ser sino una peligrosa y sofisticada abstracción que pretende mostrar una mejor comprensión de cómo evitar esa prevalencia, pero que termina increíblemente justificándola.

No existe evidencia sólida que asocie un delito atroz con la existencia de unas condiciones supuestas de “machismo”, “desigualdad estructural”, “falta de acceso a la justicia” y “violencia”. Son generalizaciones absolutamente insoportables contra las cuales tengo que lidiar todo el tiempo, al ser sociólogo de profesión y docente por más de diez años de funcionarios públicos y políticos. El sistema penal colombiano es tan garantista que termina premiando a violadores, corruptos y asesinos. Es increíble que un asesino confeso como Carlos Antonio Lozada esté en el Congreso de la República, cuando él mismo lideró un grupo que reclutó menores de edad.

Por favor, basta de justificar lo injustificable. También quisiera que el responsable del editorial me explique con detalle y evidencia sólida qué significa “problemas estructurales de machismo” y “desigualdad estructural” en Colombia y su relación clara con crímenes atroces. De antemano subrayo que si algo genera falta de justicia y violencia es una insistencia ciega en calificar a la sociedad colombiana de machista, violenta y desigual. Cualquier sociedad humana experimenta realidades culturales e históricas que no pueden ser simplificadas ni solucionadas desde el sofá de un académico o de un burócrata, menos cuando se trata de asuntos que únicamente una sólida justicia retributiva puede atender. Al que me lo cuestione lo reto a que se vaya a robar o matar a China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Arabia Saudita e incluso algunos estados de los Estados Unidos, países o zonas donde las tasas de criminalidad son bajísimas, no porque en sus sociedades haya mucha “igualdad”, no hayan tenido un pasado violento o no haya “machismo”, sino porque anteponen la ley natural por encima del derecho positivo (ahora más progresista que nunca).

* Sociólogo y magíster en Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia.