Los últimos acontecimientos de corrupción proferidos por el abogado Pacheco contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones para fallar una tutela a favor de Fidupetrol, están demostrando a qué punto ha llegado la crisis institucional del país.
Primero le echaron la culpa a la guerrilla, que desde un comienzo propuso la toma del poder para cambiar el Estado y el modelo de desarrollo económico. A 50 años de guerra están claros los resultados. La crisis galopante en todas las instituciones.
Al principio trataron de erradicar el movimiento insurgente con el “Plan Lazo”, de asesoría americana, pasando por los bombardeos a las “Repúblicas Independientes” de Marquetalia, Riochiquito, Pato y Guayabero, en el gobierno de Guillermo León Valencia, año 1964, abuelo de la senadora Paloma Valencia, la que ahora propone dividir el Cauca en tierras malas para los indígenas y buenas para los terratenientes.
Después trataron de acabar el movimiento insurgente y popular con los paramilitares, sin otro resultado que la expulsión violenta del campesinado, y un fabuloso negocio de compra de tierras por parte de los terratenientes y multinacionales que, en contubernio con políticos de los partidos tradicionales, lograron copar las instituciones del Estado para ejercer el oficio de ladrones.
Es lo que se está viendo ahora con la crisis de la justicia. Una guerra de 50 años que sirvió para despojar al pueblo de la tierra, la educación, la salud, el trabajo y enriquecer a paramilitares y politiqueros que utilizaron al Estado para su bien personal. Para eso le ha servido la guerra a la clase dominante.
Ante semejante prostitución política, el presidente Santos sale con paños de agua tibia. ¿Un tribunal para los aforados que no cambia el canto a la bandera de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes? ¿Apartar a los jueces de la política? ¿Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Acabar con la “puerta giratoria” en las altas Cortes? ¿Mejorar el procedimiento de las tutelas? ¿Que renuncien los magistrados para continuar en cuerpo ajeno? ¿Cambiar para que todo siga igual?
En esto consiste el mencionado proyecto de reforma constitucional para el equilibrio de poderes. La olla podrida no solamente está en la justicia. El cáncer hizo metástasis. Se necesita es un cambio de fondo. Una reingeniería estructural del país. Paz, justicia, educación, salud, reforma electoral, reforma rural, soberanía y empleo digno.
José Tiberio Gutiérrez. Bogotá.
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Los últimos acontecimientos de corrupción proferidos por el abogado Pacheco contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones para fallar una tutela a favor de Fidupetrol, están demostrando a qué punto ha llegado la crisis institucional del país.
Primero le echaron la culpa a la guerrilla, que desde un comienzo propuso la toma del poder para cambiar el Estado y el modelo de desarrollo económico. A 50 años de guerra están claros los resultados. La crisis galopante en todas las instituciones.
Al principio trataron de erradicar el movimiento insurgente con el “Plan Lazo”, de asesoría americana, pasando por los bombardeos a las “Repúblicas Independientes” de Marquetalia, Riochiquito, Pato y Guayabero, en el gobierno de Guillermo León Valencia, año 1964, abuelo de la senadora Paloma Valencia, la que ahora propone dividir el Cauca en tierras malas para los indígenas y buenas para los terratenientes.
Después trataron de acabar el movimiento insurgente y popular con los paramilitares, sin otro resultado que la expulsión violenta del campesinado, y un fabuloso negocio de compra de tierras por parte de los terratenientes y multinacionales que, en contubernio con políticos de los partidos tradicionales, lograron copar las instituciones del Estado para ejercer el oficio de ladrones.
Es lo que se está viendo ahora con la crisis de la justicia. Una guerra de 50 años que sirvió para despojar al pueblo de la tierra, la educación, la salud, el trabajo y enriquecer a paramilitares y politiqueros que utilizaron al Estado para su bien personal. Para eso le ha servido la guerra a la clase dominante.
Ante semejante prostitución política, el presidente Santos sale con paños de agua tibia. ¿Un tribunal para los aforados que no cambia el canto a la bandera de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes? ¿Apartar a los jueces de la política? ¿Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura? ¿Acabar con la “puerta giratoria” en las altas Cortes? ¿Mejorar el procedimiento de las tutelas? ¿Que renuncien los magistrados para continuar en cuerpo ajeno? ¿Cambiar para que todo siga igual?
En esto consiste el mencionado proyecto de reforma constitucional para el equilibrio de poderes. La olla podrida no solamente está en la justicia. El cáncer hizo metástasis. Se necesita es un cambio de fondo. Una reingeniería estructural del país. Paz, justicia, educación, salud, reforma electoral, reforma rural, soberanía y empleo digno.
José Tiberio Gutiérrez. Bogotá.
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