Me permito responder a la columna “Respuesta a un lector transexcluyente” haciendo un breve análisis de los recursos retóricos que usa.
Llama la atención el uso reiterado de etiquetas: la columnista recurre a términos como “transexcluyente”, “transfóbico”, “antiderechos” o “discurso de odio”, a los que cabría añadir “TERF” (Trans-Exclusionary Radical Feminist), que cumplen la función de neutralizar al interlocutor y evadir asuntos de fondo.
Estos rótulos comparten un vicio lógico de razonamiento circular: es transexcluyente quien niega la identidad de género. Negar la identidad de género es condenable porque es una “verdad científica”. Es una verdad científica porque quien la experimenta da cuenta de ser de un sexo distinto al que nació. Pero no se ofrecen elementos verificables para que ese concepto sea adoptado como verdad universal. Se parte de una premisa que no se explica ni se demuestra: quien no la acepte obtiene el rótulo de transexcluyente. Y así el círculo se cierra sobre sí mismo: la conclusión ya estaba contenida en la premisa.
Pedir evidencia científica de una afirmación biológica no es exclusión: es lo que se hace con cualquier afirmación antes de aceptarla como verdad. Y si no se puede probar, el concepto tiene la naturaleza de una creencia.
¿Por qué es importante tener claro si la teoría del cambio de sexo es una verdad o una creencia? Si es un hecho demostrable, sería exigible a terceros y sería legítimo diseñar leyes, protocolos médicos y políticas públicas de aplicación obligatoria. Pero si es una creencia, su estatus constitucional es radicalmente distinto: un Estado que adopte una creencia como oficial dejaría de ser laico.
Exigir que el concepto de identidad de género sustituya al sexo biológico en contextos donde el sexo importa, como la medicina, el deporte, el registro civil, la estadística, las prisiones, los espacios propios de las mujeres, el lenguaje y la educación, es una imposición que convierte el disenso en crimen de pensamiento.
Creer en la identidad de género como realidad interior es un derecho personal, pero catalogar el desacuerdo conceptual como discurso de odio y presentar el escepticismo como amenaza existencial es, en la práctica, similar a reinstaurar las leyes contra la blasfemia; quizás eso explica el silencio de quienes prefieren no opinar al respecto.
La libertad de conciencia protege tanto el derecho a creer como el de no creer lo que no se considera verdad. El rótulo de transexcluyente ataca esa segunda dimensión: es equivalente a llamar hereje a quien no adopta un dogma.
La columna equipara las cirugías estéticas con los procedimientos de afirmación de género, omitiendo que, según comunicaciones internas filtradas de la propia Organización Mundial de la Salud Transgénero (WPATH) y declaraciones de su expresidente Marci Bowers, pueden generar consecuencias irreversibles como esterilidad y anorgasmia. El capítulo 9 de sus Estándares de Atención, titulado “Eunucos”, justifica la castración voluntaria de hombres sin evidencia médica suficiente.
La columna incurre en una falacia genética sistemática: cualquier fuente que cuestione la identidad de género recibe una etiqueta moral que la descalifica sin que se examine un solo argumento. Ese mismo escrutinio brilla por su ausencia con las fuentes que avalan su postura.
¿Por qué no se menciona el caso Reimer, en el que John Money sometió a un menor y a su hermano gemelo a experimentos y abusos sexuales documentados por John Colapinto? Ambos terminaron suicidándose. ¿O sus declaraciones ante Paidika, publicación pro-pedofilia, en las que no consideraba patológica una relación erótica entre un adulto y un niño de diez u once años?
Será difícil tildar a la WPATH, a su ex presidente o al propio formulador del concepto de identidad de género de transexcluyentes. Los vínculos y fuentes que respaldan cada afirmación están disponibles en el texto y en mi página de Substack. Queda a juicio del lector qué evidencia considera más convincente.
Javier Rodríguez.
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