La columna de Lorenzo Madrigal que trae El Espectador del 7 de enero y que causa al columnista un dolor muy grande en el desacople constante entre Fuerzas Armadas y derechos humanos me ha hecho pensar en la relación que existe de ese desacople con el sistema de reclutamiento para el servicio militar obligatorio que funciona en Colombia.
En los Estados Unidos, por motivo de las guerras y durante la época de la Guerra Fría, el servicio militar fue obligatorio hasta 1973, cuando se volvió voluntario. Sin embargo, la gran diferencia con el que hasta ahora ha funcionado en nuestro país es que en el país norteamericano absolutamente todos los jóvenes eran aptos para la inducción o eran inaptos sin que interviniera la posición social, económica, de clase o de educación. Lo contrario es lo que funciona en Colombia, donde los jóvenes provenientes de las clases altas eluden ese servicio militar.
Por esa razón, el grueso de soldados del Ejército está conformado por los jóvenes del campo o por los jóvenes de clase social menos privilegiada económicamente y por aquellos jóvenes envueltos en grupos antisociales, de pandillas, que son reclutados contra su voluntad. De esta forma, no es raro que una vez uniformados causen los desmanes de los que se acusa al Ejército de promover en regiones como el Putumayo, tal como se describió en la sección judicial del 20 de diciembre en El Espectador, detallando la intervención del director de DD.HH. y DIH del Ministerio de Defensa ante la congresista Ángela María Robledo, autora del debate sobre esos presuntos abusos de los militares en el Putumayo.
Los cursos de humanidad que según Lorenzo Madrigal se dictan en las escuelas militares serán dirigidos a los cadetes y oficiales de esas escuelas, pero no al grueso de los soldados, quienes son los que están en directo contacto con los pobladores de las regiones donde ellos patrullan.
Deberían prestar servicio militar todos los jóvenes colombianos aptos físicamente, sean éstos hijos de magistrados, congresistas, ministros, hijos de altos oficiales del Ejército, en fin, de los estratos más altos de nuestra estratificada sociedad. Otra opción debería ser la de hacer voluntario el servicio militar, como lo es en los Estados Unidos.
Ya el presidente Juan Manuel Santos ha sentado el ejemplo aceptando la decisión de su hijo de prestar el servicio militar obligatorio, así sea en la Base Militar de Tolemaida. Solamente mejorando el nivel cultural del grueso del Ejército se logrará que hechos lamentables como los denunciados en el Putumayo y por los cuales, si sucedieron verdaderamente, el coronel Juan Carlos Gómez ofreció disculpas en nombre del Ejército, no volverían a suceder.
Héctor Chamorro Revelo. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
La columna de Lorenzo Madrigal que trae El Espectador del 7 de enero y que causa al columnista un dolor muy grande en el desacople constante entre Fuerzas Armadas y derechos humanos me ha hecho pensar en la relación que existe de ese desacople con el sistema de reclutamiento para el servicio militar obligatorio que funciona en Colombia.
En los Estados Unidos, por motivo de las guerras y durante la época de la Guerra Fría, el servicio militar fue obligatorio hasta 1973, cuando se volvió voluntario. Sin embargo, la gran diferencia con el que hasta ahora ha funcionado en nuestro país es que en el país norteamericano absolutamente todos los jóvenes eran aptos para la inducción o eran inaptos sin que interviniera la posición social, económica, de clase o de educación. Lo contrario es lo que funciona en Colombia, donde los jóvenes provenientes de las clases altas eluden ese servicio militar.
Por esa razón, el grueso de soldados del Ejército está conformado por los jóvenes del campo o por los jóvenes de clase social menos privilegiada económicamente y por aquellos jóvenes envueltos en grupos antisociales, de pandillas, que son reclutados contra su voluntad. De esta forma, no es raro que una vez uniformados causen los desmanes de los que se acusa al Ejército de promover en regiones como el Putumayo, tal como se describió en la sección judicial del 20 de diciembre en El Espectador, detallando la intervención del director de DD.HH. y DIH del Ministerio de Defensa ante la congresista Ángela María Robledo, autora del debate sobre esos presuntos abusos de los militares en el Putumayo.
Los cursos de humanidad que según Lorenzo Madrigal se dictan en las escuelas militares serán dirigidos a los cadetes y oficiales de esas escuelas, pero no al grueso de los soldados, quienes son los que están en directo contacto con los pobladores de las regiones donde ellos patrullan.
Deberían prestar servicio militar todos los jóvenes colombianos aptos físicamente, sean éstos hijos de magistrados, congresistas, ministros, hijos de altos oficiales del Ejército, en fin, de los estratos más altos de nuestra estratificada sociedad. Otra opción debería ser la de hacer voluntario el servicio militar, como lo es en los Estados Unidos.
Ya el presidente Juan Manuel Santos ha sentado el ejemplo aceptando la decisión de su hijo de prestar el servicio militar obligatorio, así sea en la Base Militar de Tolemaida. Solamente mejorando el nivel cultural del grueso del Ejército se logrará que hechos lamentables como los denunciados en el Putumayo y por los cuales, si sucedieron verdaderamente, el coronel Juan Carlos Gómez ofreció disculpas en nombre del Ejército, no volverían a suceder.
Héctor Chamorro Revelo. Bogotá.
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