A propósito de la controversia que ha surgido por las pensiones de los congresistas y magistrados de Colombia, me permito invitarlos a investigar sobre la manera como en la Universidad del Valle se les rebaja la pensión a los profesores jubilados, vulnerando sus derechos adquiridos; ignorando los principios jurídicos de favorabilidad, seguridad jurídica y confianza legal; y desconociendo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el reconocimiento de los regímenes especiales de pensiones hecho por el Consejo de Estado en el año 2008.
El hecho es que hasta el 30 de junio, cuando la Ley 100/93 entró en vigencia en el Valle del Cauca, los profesores de la Universidad del Valle se jubilaban bajo la resolución 119 de 1976 del Consejo Directivo de la Universidad.
Al entrar en vigencia la Ley 100/93, reconoce en su artículos 36 y 146 un régimen de transición que determina que la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión serán los establecidos por el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, siempre y cuando acrediten 15 años o más de servicio y 35 años o más de edad, si mujeres, o 40 o más, si hombres.
Sin embargo, en la Universidad del Valle, desde el año 2000, la rectoría ha invertido una buena cantidad de dinero contratando abogados para demandar sus propios actos administrativos por los cuales autorizó las jubilaciones de sus profesores, aduciendo el principio de la legalidad y sustentándose —arbitrariamente— en la Ley 100/93. Tales demandas hechas en forma unilateral han afectado negativamente a unos 300 profesores a quienes se les ha rebajado la pensión.
De esta manera, la Universidad del Valle se hace responsable de los perjuicios morales, materiales y de calidad de vida de profesores que contribuyeron a darle lustre a la institución.
Por ello, en estos momentos, la universidad está siendo demandada y su rector será responsable del detrimento patrimonial de la universidad, no sólo por las indemnizaciones que los afectados esperamos lograr, sino además por el gasto realizado en la contratación de abogados con el claro propósito de rebajar las pensiones.
Miryam Zúñiga E.
Ph.D. Profesora titular de UV.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
A propósito de la controversia que ha surgido por las pensiones de los congresistas y magistrados de Colombia, me permito invitarlos a investigar sobre la manera como en la Universidad del Valle se les rebaja la pensión a los profesores jubilados, vulnerando sus derechos adquiridos; ignorando los principios jurídicos de favorabilidad, seguridad jurídica y confianza legal; y desconociendo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el reconocimiento de los regímenes especiales de pensiones hecho por el Consejo de Estado en el año 2008.
El hecho es que hasta el 30 de junio, cuando la Ley 100/93 entró en vigencia en el Valle del Cauca, los profesores de la Universidad del Valle se jubilaban bajo la resolución 119 de 1976 del Consejo Directivo de la Universidad.
Al entrar en vigencia la Ley 100/93, reconoce en su artículos 36 y 146 un régimen de transición que determina que la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión serán los establecidos por el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, siempre y cuando acrediten 15 años o más de servicio y 35 años o más de edad, si mujeres, o 40 o más, si hombres.
Sin embargo, en la Universidad del Valle, desde el año 2000, la rectoría ha invertido una buena cantidad de dinero contratando abogados para demandar sus propios actos administrativos por los cuales autorizó las jubilaciones de sus profesores, aduciendo el principio de la legalidad y sustentándose —arbitrariamente— en la Ley 100/93. Tales demandas hechas en forma unilateral han afectado negativamente a unos 300 profesores a quienes se les ha rebajado la pensión.
De esta manera, la Universidad del Valle se hace responsable de los perjuicios morales, materiales y de calidad de vida de profesores que contribuyeron a darle lustre a la institución.
Por ello, en estos momentos, la universidad está siendo demandada y su rector será responsable del detrimento patrimonial de la universidad, no sólo por las indemnizaciones que los afectados esperamos lograr, sino además por el gasto realizado en la contratación de abogados con el claro propósito de rebajar las pensiones.
Miryam Zúñiga E.
Ph.D. Profesora titular de UV.
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