Cristina de la Torre invita a que en el agro demos un giro de 360°.
(“Pacto agrario…”. El Espectador, 2013/09/03). No de otra forma se entiende su llamado a que el Gobierno dé “Un timonazo que redistribuya propiedad, intervenga el latifundio improductivo, proteja y modernice la economía campesina, mejore la productividad general del sector y renegocie los TLC”.
La columnista quiere que regresemos al bajo siglo XX para resolver los problemas del siglo XXI. Por entonces hubo otra reforma agraria, la Ley 135/61, que hablaba de lo mismo. Aunque no existían TLC, tuvimos una “Alianza para el progreso” que nos hizo avanzar hacia atrás y una Cepal que también hizo que la industria nacional se rezagara protegida de las importaciones. ¿Y…? Debemos girar, sí, pero sólo 180°. Redistribuir la propiedad lo hacen las fuerzas del mercado, pero nosotros decidimos que lo hicieran los narcos, los paramilitares y sus cómplices políticos. El latifundio improductivo debe intervenirse sólo para que pague impuestos, pero nosotros elegimos un Congreso lleno de agricultores y ganaderos que nunca tomarán esta decisión. La productividad general del sector no se logra “protegiendo y modernizando la economía campesina”, porque si se la protege como está, sería imposible modernizarla. Renegociar los TLC ahondaría nuestra pobreza porque, desde los fenicios, comerciar ha sido la puerta del progreso. Luego…
Bernardo Congote. Bogotá.
Derecho a la educación
Retomo un par de frases de Aura Lucía Mera publicadas en su columna del pasado martes: “El bloqueo de vías, como el vandalismo, es una afrenta a la ciudadanía, y no debe permitirse. Por más justas que sean las causas esgrimidas...”, para ubicarla dentro del contexto de los miles y miles de estudiantes de la Universidad Nacional, y sus familias que nos vemos seriamente afectados por las protestas de los empleados, que no profesores ni estudiantes. Por más justas que sean las causas esgrimidas, tampoco esta situación se debería permitir, ya que viola el derecho que estos muchachos tienen a recibir la educación superior, que no es ni mucho menos gratuita.
Martha Ramírez Pulido. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.
Cristina de la Torre invita a que en el agro demos un giro de 360°.
(“Pacto agrario…”. El Espectador, 2013/09/03). No de otra forma se entiende su llamado a que el Gobierno dé “Un timonazo que redistribuya propiedad, intervenga el latifundio improductivo, proteja y modernice la economía campesina, mejore la productividad general del sector y renegocie los TLC”.
La columnista quiere que regresemos al bajo siglo XX para resolver los problemas del siglo XXI. Por entonces hubo otra reforma agraria, la Ley 135/61, que hablaba de lo mismo. Aunque no existían TLC, tuvimos una “Alianza para el progreso” que nos hizo avanzar hacia atrás y una Cepal que también hizo que la industria nacional se rezagara protegida de las importaciones. ¿Y…? Debemos girar, sí, pero sólo 180°. Redistribuir la propiedad lo hacen las fuerzas del mercado, pero nosotros decidimos que lo hicieran los narcos, los paramilitares y sus cómplices políticos. El latifundio improductivo debe intervenirse sólo para que pague impuestos, pero nosotros elegimos un Congreso lleno de agricultores y ganaderos que nunca tomarán esta decisión. La productividad general del sector no se logra “protegiendo y modernizando la economía campesina”, porque si se la protege como está, sería imposible modernizarla. Renegociar los TLC ahondaría nuestra pobreza porque, desde los fenicios, comerciar ha sido la puerta del progreso. Luego…
Bernardo Congote. Bogotá.
Derecho a la educación
Retomo un par de frases de Aura Lucía Mera publicadas en su columna del pasado martes: “El bloqueo de vías, como el vandalismo, es una afrenta a la ciudadanía, y no debe permitirse. Por más justas que sean las causas esgrimidas...”, para ubicarla dentro del contexto de los miles y miles de estudiantes de la Universidad Nacional, y sus familias que nos vemos seriamente afectados por las protestas de los empleados, que no profesores ni estudiantes. Por más justas que sean las causas esgrimidas, tampoco esta situación se debería permitir, ya que viola el derecho que estos muchachos tienen a recibir la educación superior, que no es ni mucho menos gratuita.
Martha Ramírez Pulido. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.