El Código Nacional de Policía va a ser reformado; existe un proyecto de ley que está en estudio en el Congreso.
Qué bueno que en este proceso se escuche al pueblo sobre los problemas cotidianos que alteran la convivencia, la tranquilidad, la moralidad y la seguridad ciudadanas, para que se contextualice su articulado con la realidad nacional y social y no con lo deseable y etéreo, copiado de sociedades mucho más avanzadas que la nuestra en materia de convivencia. Hay que mirar hacia adentro para analizar la problemática y encontrar las soluciones pertinentes. Las autoridades territoriales, los comandantes de la Policía y la sociedad deben exigir participación activa en la construcción del articulado. A los primeros les compete mantener las condiciones necesarias para la convivencia y la conservación del orden público interno, respectivamente, y a la comunidad, participar en la solución de los problemas que la aquejen.
Se debe reflexionar sobre la incultura, la intolerancia, el vandalismo, la indisciplina, la violencia cotidiana, el desacato, la anarquía, el nihilismo, el libertinaje, la inversión de los valores, los derechos y las libertades, las atribuciones a las autoridades acordes con la problemática y la creación de herramientas legítimas y ágiles que tengan la suficiente fuerza para restablecer la convivencia donde fuere turbada, pues la impunidad y la inoperancia son fuentes de la reincidencia y de la justicia por cuenta propia.
No sólo los expertos en dogmática, doctrina, filosofía y ciencia jurídica, que conviven en estratos donde la vida transcurre en otra dimensión, deben actuar en una reforma que tiene que ver con la vida diaria de todos los ciudadanos donde se viven situaciones en las que se siente el vacío de una norma obsoleta, la ausencia de herramientas legales para conjurar con eficacia las alteraciones de la convivencia y la ley del más fuerte, del intolerante o indisciplinado recidivante. La cultura ciudadana debe gozar de un buen espacio como modelo educativo en la construcción de las buenas maneras de convivir, lo mismo que los capítulos de los correctivos y las sanciones, para hacerlos eficaces en el restablecimiento del equilibrio cuando la buena convivencia fuere alterada y en la disuasión del infractor. Con sólo consejos o actividades educativas no se mantiene la convivencia. Son opciones válidas cuando el contraventor tiene la capacidad de reflexionar y enmendar; cuando no, se necesitan la acción coactiva y la fuerza coercitiva del Estado.
Édgar Bejarano. Bogot
