Cartas de los lectores

Del Comisionado de Paz

Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Iván Cepeda, meses después de la muerte de su padre, cuando él y su familia preparaban el duelo que les dejó tan sensible pérdida. Me solidaricé entonces con su sufrimiento, actitud que no ha variado con el transcurso de los años. Ni siquiera ahora, cuando expresamos opciones políticas opuestas en el seno de la democracia.

En una de las primeras reuniones de lo que después se convertiría en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, propuse que ese colectivo de organizaciones civiles se llamara Manuel Cepeda Vargas, en atención a la forma persistente como la memoria de su padre era invocada en esas reuniones. Antiguos compañeros de su padre en el Partido Comunista, allí presentes, consideraron inconveniente la propuesta.

Seguí con atención su reproche simbólico a la presencia de los jefes paramilitares en el Congreso de la República el día 28 de julio de 2004, acto que, como bien saben sus organizadores, no compartí por considerar inoportuno, razón por la que no estuve presente. Y leo con cuidado y respeto sus columnas, donde expresa su militancia humanitaria desde el punto de vista de las víctimas. Lamento, sin embargo, su columna del fin de semana pasado  en El Espectador, titulada “La mentira”, en la que sobre mí descarga infundadas acusaciones, mostrándome como un mentiroso patológico y aliado de los paramilitares.

En torno a los hechos por Cepeda mencionados, me permito recordar que en investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría sobre las denuncias por injuria y calumnia presentadas en mi contra por el doctor Rafael Pardo, se concluyó el cierre de la investigación en la Fiscalía y la absolución por parte de la Procuraduría. No tiene sentido que Cepeda insista en señalarme como responsable del mismo hecho, en contravía del pronunciamiento de las autoridades judicial y disciplinaria competentes.

Acerca de las conversaciones en la Mesa de Diálogo de Santa Fe Ralito, grabadas y filtradas por las Autodefensas en septiembre de 2004 con el único propósito de sacarme del cargo por no compartir mi posición vertical de defensa de las instituciones, debo recordarle que jamás dije en ellas “no revelar públicamente los homicidios que se estaban cometiendo en Santa Fe de Ralito, para evitar un escándalo”, como él lo afirma. En esa grabación, al contrario, exijo con carácter y vehemencia se cumpla el cese de hostilidades y doy cuenta con la debida prudencia de denuncias que se están investigando por parte de las autoridades competentes, como corresponde a un funcionario respetuoso de la autonomía de la justicia y la reserva del sumario.

Finalmente, conozco por primera vez la afirmación que Cepeda toma de un libro publicado por Intermedio Editores, donde alguien, cuyo nombre no revela, me acusa de sugerir a los paramilitares en proceso de diálogo esconder sus crímenes. Se trata de una afirmación injuriosa. No es ese mi talante, ni mis principios éticos me permiten actuar de esa manera.

Para completar la forma perversa y caricaturesca como Cepeda me presenta ante la opinión, hace referencia a unas declaraciones mías a la prensa sobre una decisión personal que comparte mi familia, para mostrarme como persona que desprecia a las víctimas. Pido respeto al señor Cepeda, por mi opción personal, que comparten muchos colombianos. En caso de ser secuestrado, he pedido a mi familia que no acepte comunicación con los secuestradores ni entre en su juego de salir a pedir que me intercambien por peligrosos criminales que están en las cárceles. He pedido que dejen el caso en manos de la Fuerza Pública y del Presidente de la República, como corresponde en un Estado de Derecho.

En vez de recibir injurias personales, prefiero adelantar con el señor Cepeda un debate ético en torno a la forma de manejar el sufrimiento. Muchas veces escuché a los jefes paramilitares justificar sus crímenes amparándose en su condición de víctimas. Igual argumentación he escuchado de la guerrilla. Y en nombre de las víctimas, la Presidenta de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina acaba de decir que hay que creerles a las Farc y no al presidente Uribe. No basta con invocar la condición de víctima. Es necesario, además, canalizar el dolor y el afán de reparación de manera constructiva, para no caer en el chantaje de los victimarios ni en la tentación de convertirse en vengador que perpetúa el ciclo de las violencias. Para este debate, de cara al país, pueden contar conmigo.

Luis Carlos Restrepo Ramírez.  Alto Comisionado para la Paz. Bogotá.

Del ex fiscal Luis C. Osorio

Una vez más debo acudir ante ustedes para rectificar información falaz, esta vez emitida por juez de la República que desconoce sus responsabilidades de tan alta jerarquía (“Osorio devastó la Fiscalía”: El Espectador, semana del 6 al 12 de enero). Me querello también de que se desconoció el equilibrio informativo que la libertad de prensa defendida por ustedes en respeto a sus lectores, no observó, omitiendo el debido traslado (aunque debo advertir la oportuna intervención del jurista Jaime Granados, en su defecto).

La jueza Marcela Roldán fungió como fiscal por nombramiento en provisionalidad, haciendo ejercicio inicialmente de licencia judicial otorgada por la judicatura tres años antes de mi llegada a la entidad y permaneció cerca de dos años más, después de haber sido ascendida. Hoy cursa demanda laboral interpuesta por ella contra la Fiscalía, no obstante hacer parte de la jurisdicción, la cual no ha sido resuelta, lo que podría explicar su interés en beneficio propio.

No es cierto que en mi condición de Fiscal General haya retirado de su conocimiento la investigación por falso testimonio donde aparecían los generales Rito Alejo del Río y Millán, ni ninguna otra investigación a ella asignada (a la hoy jueza), ni a servidor alguno bajo mi administración; menos, intervine para obtener pronunciamiento contrario a la autonomía e independencia que correspondía a cada fiscal. Faltaría a la verdad el fiscal o la fiscal que se atreva a afirmar lo contrario.

El retiro del director Pedro Díaz y del entonces vicefiscal Pablo Elías González sucedió dentro de las primeras 72 horas después de haber asumido funciones como Fiscal General, como lo han hecho los fiscales que me antecedieron y sucedieron. Las causas se explicaron al país y a las autoridades judiciales en forma amplia, en proceso del cual no era titular la fiscal Roldán, aunque trató de confundir la investigación principal, de la que no hizo parte, con la de falso testimonio, de la que sí fue titular, pero advirtiendo que los denunciantes iniciales fueron los generales.

Falta a la verdad la entonces fiscal Roldán cuando afirma que retiré a funcionario alguno por la investigación contra el general Rito Alejo del Río (la investigación contra Millán se tramitó en la Justicia Penal Militar). La fiscal Lucía Luna se retiró de la Fiscalía por renuncia que presentó seis meses después de que un juez de la República, en cumplimiento de hábeas corpus invocado por el afectado, revocó la medida de aseguramiento dictada por ella en contra suya, donde advirtió dicho juez, el fuero que asistía al general para ser investigado por autoridad distinta; o sea, no tuvo bajo su dirección esta investigación al momento de cesar en sus funciones de las que la decisión judicial la había separado medio año antes. Mónica Gaitán se retiró en idénticas condiciones.

Alentados por su publicación, un medio radial la escuchó ampliando información, también contraria a la verdad, sobre despidos bajo mi administración. Si de algo me precio en el ejercicio de muy altas funciones de Estado con las que me ha honrado la República, es el ejercicio pulcro en el manejo de la nómina y el respeto por la estabilidad de cada servidor que bien sirve a la respectiva entidad y al país. No acontece lo mismo con quienes no honran las funciones, en cuyo caso, siempre he actuado con severidad pero con justicia para su retiro oportuno, en todos los casos, con arreglo al ordenamiento jurídico.

Afirma su redactor judicial que el testigo Rafael García, a quien eleva a la condición de “testigo estelar”, formuló “graves acusaciones” en mi contra, lo cual no es cierto. Jamás tuve trato con él personalmente ni por interpuesta persona; nunca puse al servicio de ningún delincuente información oficial, ni presté o autoricé prestar colaboración con criminales, incluidos los grupos paramilitares.

Situar a la jueza Roldán en el mismo nivel del testigo García, quien reconoció en el proceso no constarle ninguna actuación mía por fuera de la ley, constituye afrenta para la jueza Roldán y para la justicia que ella encarna. Espero que al momento de levantar la mano para jurar decir la verdad, Roldán honre su condición de jueza de la República limitándose a testificar hechos ciertos que le consten personalmente.

Repetiré hasta el cansancio: bajo mi administración se persiguió como nunca antes el paramilitarismo. Carlos Castaño fue objeto de 71 providencias judiciales en los últimos 12 años, 31 de las cuales (casi la mitad) fueron proferidas bajo mi administración (en un tercio del tiempo); contra los miembros de las Auc se profirieron el doble de medidas de aseguramiento, el triple de resoluciones de acusación y cuatro veces más sentencias anticipadas. Se desmovilizaron 30.000 militantes del cuerpo armado de los paramilitares y quedaron tras de rejas en cárceles de alta seguridad sus cabecillas, antes del vencimiento del período para el cual fui honrado por elección de la Suprema Corte. Finalmente, reitero, jamás tuve relación alguna con paramilitares, ni como servidor del Estado, ni como abogado o ciudadano.

Luis Camilo Osorio. México, D.F.