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El editorial del 5 de enero peca de tibieza al calificar como “pensamiento mágico” lo que constituye una irresponsabilidad gubernamental premeditada. No estamos ante ingenuidad política, sino ante populismo electoral que hipoteca el futuro económico del país.
El Gobierno decreta un aumento salarial del 23,7 % en una economía donde el 56 % de los trabajadores subsiste en la informalidad, sin alcanzar siquiera el salario mínimo. Esta decisión, carente de sustento técnico, ignora deliberadamente que Colombia ya tiene uno de los salarios mínimos más altos de América Latina en relación con su productividad media. El ajuste basado en inflación más productividad sugería apenas entre el 6 % y el 7 %. JP Morgan lo calificó de “terremoto” y elevó su proyección inflacionaria al 6,1 %, mientras Goldman Sachs prevé tasas de interés del 10,75 % para contener el desastre.
La disputa pública entre Petro y Galán sobre Transmilenio es una mera cortina de humo. Mientras el presidente improvisa soluciones inexistentes con ese billón y medio fantasma que nadie puede explicar, alcaldes y gobernadores enfrentan la realidad de incrementos laborales sin recursos para financiarlos. Cada punto porcentual del aumento implica 400.000 millones de pesos adicionales en gasto público, según la ANDI. Con un 23 %, hablamos de más de 9 billones de pesos sin financiación clara.
El ministro Sanguino habla de “controlar precios”, evidenciando un desconocimiento económico alarmante o, peor aún, una adhesión ideológica que desprecia la evidencia empírica. Los controles de precios generan escasez, mercados negros y mayor inflación reprimida. Venezuela y Argentina son laboratorios recientes de estos fracasos.
Lo más perverso es el cálculo electoral subyacente. El Gobierno apuesta a que el impacto inflacionario y el deterioro del empleo formal se manifestarán plenamente después de las elecciones parlamentarias. Es populismo puro, con beneficios inmediatos visibles y costos diferidos e invisibilizados. Mientras tanto, las pymes, que emplean al 80 % de los trabajadores formales, enfrentan un dilema imposible entre reducir personal, informalizar operaciones o quebrar.
La verdadera tragedia es que quienes supuestamente se busca beneficiar, los trabajadores más vulnerables, serán las principales víctimas. El aumento salarial es inútil si se pierde el empleo o si la inflación devora el poder adquisitivo. Pero el Gobierno prefiere el aplauso inmediato a la responsabilidad técnica, condenando a más colombianos al rebusque sin protección social.
No estamos ante “pensamiento mágico”, sino ante demagogia económica consciente que sacrifica el bienestar futuro por réditos políticos inmediatos, destruyendo el tejido productivo formal en un país donde más de la mitad de la población ya sobrevive en la informalidad.
Camilo Vega
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