Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A propósito del editorial del 2 de julio, titulado “Duró poco la promesa de una oposición serena”. El hecho de que el presidente electo se rehúse a renunciar a su nacionalidad estadounidense es muy grave, porque abre la puerta a varios temores muy patentes y reales, aún más tratándose de una persona como De la Espriella, quien ha declarado en público su deseo de haber sido paramilitar en su momento, llevando uniforme y armas. Cito: “Lo haría porque tengo las pelotas para hacerlo”.
¿Qué le impide al nuevo presidente cometer violaciones a los derechos humanos y/o a la Constitución del país si, en caso de tener que ser juzgado por la Corte Penal Internacional o por la justicia colombiana, invoca su nacionalidad estadounidense, dado que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte y podría quedar en la impunidad?
La soberanía de un país no se limita a sus mapas, sino que también comprende el respeto por los símbolos y las tradiciones colombianas. Cuando un ciudadano hace un juramento de lealtad a otro país, pasando por encima de sus otras dos nacionalidades, demuestra el poco respeto que tiene por su propia palabra como hombre, como ciudadano y como presidente, dada la naturaleza del juramento de lealtad de Estados Unidos. Que su posesión sea legal no significa que esa decisión sea moral o ética, ni garantiza que su palabra como presidente tenga valor, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar. Si no le importa violar u olvidar su juramento a Estados Unidos, ¿qué le impide hacer lo mismo con los intereses de Colombia?
Y, para mayor inri, hasta desconoce e irrespeta las propias leyes de Estados Unidos, donde el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) y el Departamento de Estado explican con claridad que, para este tipo de casos, la persona que resulte elegida podría realizar actos que pongan en riesgo su ciudadanía estadounidense.
Entre esos actos se encuentran: hacer un juramento, afirmación o declaración oficial de lealtad a un Estado extranjero; aceptar un cargo público que requiera, para su aceptación, un juramento de lealtad hacia un país extranjero; servir como oficial en el ejército de un Estado distinto a Estados Unidos. Para este caso, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia.
Inclusive, al faltar a su juramento de lealtad con Estados Unidos, podría configurarse el delito federal de perjurio, que puede acarrear condenas de entre dos y cinco años de prisión federal y/o multas de hasta 250.000 dólares. En Estados Unidos los juramentos se toman muy en serio.
Por todo lo anterior, urge que el presidente electo ponga en claro su situación con respecto a Estados Unidos. Dada la absoluta falta de diálogo y de conciliación del gobierno electo con la oposición, resulta apenas necesario, en beneficio de la institucionalidad del país y empezando por su primer ciudadano, que quede completamente clara, sin lugar a dudas, su posición respecto del respeto y la obediencia a las leyes, no solo de su país de nacimiento, sino también de los otros países cuya nacionalidad ostenta.
John Rueda
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
