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El 19 de mayo pasado se publicó en primera página de El Espectador la foto de unas tejas de zinc oxidadas, sostenidas sobre palos torcidos y protegidas en sus lados por tablas y cartones. A esta forma de vivir indigna, indignidad que está más abajo del fondo, la llaman, con ironía y ausencia total de humanidad, urbanización ilegal o vivienda informal. Si El Espectador no hubiera hecho la publicación, las personas que gozan de viviendas humildes y otras de viviendas dignas no nos habríamos enterado de esta muestra de miseria humana.
De esas “urbanizaciones ilegales” se culpa a las mafias de tierreros, y la verdad es que los culpables, de alguna manera, somos todos, así como los gobiernos derrochadores y patrocinadores de corrupciones, micro e hipercorrupciones, que se han hecho elegir ofreciendo tamales, lechonas y bultos de cemento a quienes están inexplicablemente condenados a sobrevivir en condiciones de penuria que no es posible imaginar en un Estado social de derecho, en un país que tiene la más bella literatura constitucional sobre derechos humanos y cientos de doctos, doctores y doctoras en derechos humanos.
Para construir viviendas elementalmente decentes no es necesario cambiar la Constitución, citar a una constituyente o gastar miles de millones de pesos para elegir a un gobierno que dice que luchará por los derechos humanos que ha venido defendiendo desde hace 20 o 30 años, sin resultados que reflejen el trabajo realizado durante ese largo tiempo. La foto es solo una muestra de los 7 millones de personas que viven en Colombia en extrema pobreza, en miseria ante los ojos de todos.
La Constitución, joven de tan solo 35 años, es utilizada para foros, discursos y promesas populistas, y es tratada como mera literatura; la atención para hacerla realidad es casi nula. Todo se limita a la tutela. La Constitución es clara, y me permito transcribir lo pertinente: el artículo 51 ordena —no es solo un deseo opcional— que todos los colombianos, y se debe entender todos los habitantes de Colombia, tienen, tenemos, derecho a una vivienda digna. El Estado debe promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Echo de menos el Instituto de Crédito Territorial y los programas de “Mi Casa Ya” para renovar vivienda y para comprar vivienda usada.
El artículo 64 ordena que el Estado debe garantizar a la población campesina y a los trabajadores agrarios el acceso a bienes y derechos como la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud y los servicios públicos domiciliarios. Muy poco se cumple y, con la ilusión de que las personas que tienen un ingreso mínimo de $460.198 mensuales ya no son pobres, los gobiernos dicen que cumplen con garantizar una vida digna.
El cuadro de la foto que comento genera tristeza, desconsuelo y hasta ganas de llorar. El próximo gobierno tiene el reto gigantesco de garantizar una vida digna, por lo menos moderadamente digna, a los miles de habitantes de Colombia para quienes el Estado parece no existir. Y para eso solo es necesario aplicar, con autoridad y en orden, la progresista y garantista Constitución que, en buena parte, no se ha estrenado o se ha intentado estrenar con matices de corrupción y populismo.
Carlos Fradique-Méndez Sr.
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