Imperdonable que vivan en la miseria

El 19 de mayo pasado se publicó en primera página de El Espectador la foto de unas tejas de zinc oxidadas, sostenidas sobre palos torcidos y protegidas en sus lados por tablas y cartones. A esta forma de vivir indigna, indignidad que está más abajo del fondo, la llaman, con ironía y ausencia total de humanidad, urbanización ilegal o vivienda informal. Si El Espectador no hubiera hecho la publicación, las personas que gozan de viviendas humildes y otras de viviendas dignas no nos habríamos enterado de esta muestra de miseria humana.

De esas “urbanizaciones ilegales” se culpa a las mafias de tierreros, y la verdad es que los culpables, de alguna manera, somos todos, así como los gobiernos derrochadores y patrocinadores de corrupciones, micro e hipercorrupciones, que se han hecho elegir ofreciendo tamales, lechonas y bultos de cemento a quienes están inexplicablemente condenados a sobrevivir en condiciones de penuria que no es posible imaginar en un Estado social de derecho, en un país que tiene la más bella literatura constitucional sobre derechos humanos y cientos de doctos, doctores y doctoras en derechos humanos.

Para construir viviendas elementalmente decentes no es necesario cambiar la Constitución, citar a una constituyente o gastar miles de millones de pesos para elegir a un gobierno que dice que luchará por los derechos humanos que ha venido defendiendo desde hace 20 o 30 años, sin resultados que reflejen el trabajo realizado durante ese largo tiempo. La foto es solo una muestra de los 7 millones de personas que viven en Colombia en extrema pobreza, en miseria ante los ojos de todos.

La Constitución, joven de tan solo 35 años, es utilizada para foros, discursos y promesas populistas, y es tratada como mera literatura; la atención para hacerla realidad es casi nula. Todo se limita a la tutela. La Constitución es clara, y me permito transcribir lo pertinente: el artículo 51 ordena —no es solo un deseo opcional— que todos los colombianos, y se debe entender todos los habitantes de Colombia, tienen, tenemos, derecho a una vivienda digna. El Estado debe promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Echo de menos el Instituto de Crédito Territorial y los programas de “Mi Casa Ya” para renovar vivienda y para comprar vivienda usada.

El artículo 64 ordena que el Estado debe garantizar a la población campesina y a los trabajadores agrarios el acceso a bienes y derechos como la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud y los servicios públicos domiciliarios. Muy poco se cumple y, con la ilusión de que las personas que tienen un ingreso mínimo de $460.198 mensuales ya no son pobres, los gobiernos dicen que cumplen con garantizar una vida digna.

El cuadro de la foto que comento genera tristeza, desconsuelo y hasta ganas de llorar. El próximo gobierno tiene el reto gigantesco de garantizar una vida digna, por lo menos moderadamente digna, a los miles de habitantes de Colombia para quienes el Estado parece no existir. Y para eso solo es necesario aplicar, con autoridad y en orden, la progresista y garantista Constitución que, en buena parte, no se ha estrenado o se ha intentado estrenar con matices de corrupción y populismo.

Carlos Fradique-Méndez Sr.

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