El doble rasero en la función pública

Censurable y bochornoso resultó para el gobierno del presidente Petro la designación de Juliana Guerrero como viceministra de la Igualdad. Por fortuna, en una sociedad hiperconectada salió a relucir el falso diploma obtenido en la Fundación de Educación Superior San José, en complicidad con su propio secretario general, cuya destitución intentó calmar las críticas respecto al otorgamiento de títulos académicos.

Pero más allá del oportuno editorial de El Espectador, titulado “Títulos falsos y defensas extravagantes”, queda la molesta sensación de la tolerancia frente a otros funcionarios que no solo han hecho lo mismo, sino que han elevado el nivel de cinismo. Tal es el caso del excontralor y ahora candidato a la Presidencia de la República, Felipe Córdoba, quien, en pleno ejercicio de su cargo como contralor general, se graduó de abogado en el Politécnico Grancolombiano en tan solo dos años y dos meses, mientras simultáneamente atendía las labores propias de su función.

Lo curioso es que, aunque los casos pueden ser similares en cuanto a su designación como funcionarios públicos, en su origen son disímiles. A Juliana la designó el presidente Petro; en el caso de Felipe Córdoba, lo eligió el propio Congreso de la República, diluyendo la responsabilidad de su elección en decenas de parlamentarios de la coalición de gobierno del entonces presidente Duque, integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal y, por supuesto, el Partido Conservador, con la bendición de su suegro Omar Yepes Alzate, quien además fue director del partido desde el año 2019 hasta 2023.

Pero para “Pipe” Córdoba, como se le conoce en el mundo de la política, no hay censura ni investigaciones a la universidad sobre sus exámenes, notas o verificación de la asistencia a clases en comparación con su apretada agenda como alto dignatario del Estado; ni mucho menos el cuestionamiento del convenio que suscribió la Contraloría con la propia universidad otorgante del sombrío título en el mismo período de su graduación. Ante el silencio vergonzante de los medios de comunicación, Pipe se inscribió como candidato a la Procuraduría General de la Nación, donde desde luego podría tener los votos asegurados de los mismos partidos que lo eligieron en el cargo anterior. Sin embargo, gracias al Consejo de Estado, que se negó a interpretar la experiencia retroactiva en el ejercicio de la profesión de abogado, no pudo completar los requisitos para continuar en el proceso de selección.

Como Juliana y Pipe, son decenas los personajes públicos que, amparados por el poder de sus patrocinadores políticos, acceden a cargos sin la experticia ni el conocimiento necesario para potencializar el desempeño del cargo y lograr que sus efectos lleguen a la población que realmente los necesita.

En el caso de Juliana, constituye un acto de desigualdad designarla como viceministra de la Igualdad sin la mínima idoneidad, frente a miles de profesionales que podrían hacer mejor la tarea. Por su parte, para Pipe constituye un acto de insensatez por parte del Congreso designarlo como contralor para que no controle.

Jorge Cardona

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