Sobre el procurador

Después de su editorial sobre las declaraciones del procurador respecto a las elecciones de Congreso y de Presidencia, en relación con el artículo del 20 de agosto, titulado “Lo que hay detrás de la advertencia del procurado sobre las elecciones presidenciales”, y las supuestas respuestas ante las dudas, surgen más preguntas que respuestas.

El origen político-partidista del procurador le hace más daño que bien a la democracia. Así se demuestra con anteriores procuradores como Alejandro Ordóñez Maldonado (2009-2016), un fanático fundamentalista religiosos que sirvió de instrumento para perseguir a quienes no comparten su ideología ultraconservadora, y Margarita Cabello Blanco (2020-2024), elegida por influencia, por y para el cuestionado clan de los Char, sesgada y quien fue muy acuciosa en ciertas investigaciones y dejó otras quietas, a conveniencia política de sus patrocinadores.

En el caso de Gregorio Eljach (exsecretario del Senado durante doce años), se trata de un personaje con afán de protagonismo mediático y personal. Esto de salir a dar declaraciones como si fuera un presidente con el “equipo” detrás de él es, claramente, un sobredimensionamiento y un espíritu de proyección de su poder que puede resultar sobreactuado, incluso, cómico.

Respecto a los supuestos argumentos por los que estaban en riesgo las elecciones y requerían ser blindadas (¿contra quién?), con sus supuestas explicaciones pretende crear un ambiente de “consenso” de la opinión pública sobre el no demostrado peligro de la realización de las elecciones involucrando a otros actores como la Iglesia, sectores, gremios y líderes de la oposición. Es una falacia, una operación encubridora de sus errores, encubriéndose con suposiciones que solo incluyen a sectores en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Nunca cita a organizaciones sociales, ONG, centros de estudio y pensamiento, analistas serios y ecuánimes.

Argumenta tres asuntos. Primero, que hubo intentos de recorte del presupuesto a la Registraduría. Hay que demostrarlo con cifras, con documentación, con análisis del crecimiento presupuestal de esta institución durante los cuatro años del Gobierno al que siempre criticó. Hace falta también auscultar lo que ocurre al interior de la Registraduría, dirigida por otro personaje de origen partidista y con intereses políticos (Hernán Penagos Giraldo fue exdiputado, exrepresentante a la Cámara por el Partido de la U y también pasó por el cuestionado Consejo Nacional Electoral, otra institución partidista). Habría que indagar también sobre esta institución, sus ejecuciones presupuestales, la nómina de contratistas y los criterios de selección y de recomendaciones políticas que median en los contratos. De igual forma, indagar sobre la manera como se han financiado algunos trabajos académicos selectivos mediante convenios con algunas universidades privadas de Bogotá, aunque la Registraduría cuenta con el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (¿cómo se justifican estos?). Parece que los recursos, antes que faltar, han sobrado.

Segundo, se indica que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del presidente y del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, contribuyó al “ambiente de incertidumbre sobre las elecciones”. Esta afirmación expresa una posición política e ideológica del procurador. Como ciudadano, tiene todo derecho a oponerse a esta propuesta, pero debe evitar emitir juicios de valor sobre ella desde su condición de defensor de todos los ciudadanos: todos, incluidos los militantes del Pacto Histórico u otras organizaciones que han estado a favor de esta propuesta. Además, establece una relación dudosa de causalidad: ¿cómo se asocia la propuesta de constituyente con el riesgo de no realización de las elecciones? Es un malabarismo de palabras que no se sale bien.

Tercero, sobre la inspección que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría: ¿esta fue ilegal, sobrepasó las funciones de esta dependencia, se realizó atentando contra archivos, información, fue arbitraria? Si fue así, ¿puede, señor procurador, informarnos al respecto?

No fue seria la tesis de la necesidad de blindar las elecciones ante un no demostrado riesgo de su no realización. Tampoco son serios los argumentos. El procurador sigue debiendo una explicación consistente, seria y respetuosa a todos los ciudadanos.

Javier Duque Daza, profesor investigador de la Universidad del Valle.

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