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El editorial del 10 de mayo, titulado “Un Congreso dedicado a obstruir afecta la democracia”, reproduce lo que parece ser un diagnóstico acertado sobre las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la toma de decisiones de gobierno, la oposición y la representación de intereses. Tal vez sea útil un análisis alternativo.
El análisis de las relaciones entre poderes y del fracaso de las reformas se reduce a señalar la intolerancia y beligerancia del presidente y de los ministros, así como a un Congreso que se defiende y reivindica su autonomía. Ambos serían renuentes al “diálogo productivo”. Sin embargo, se omiten dos factores importantes. El primero es que, por primera vez en la historia reciente del país, hay un Gobierno dividido: el presidente pertenece a un partido o coalición, mientras el Congreso tiene mayorías de otros partidos. Antes de 2022, sin excepción, los presidentes contaron con mayorías o las fabricaron mediante incentivos, y la oposición fue minoritaria. Esto permitió aprobar las iniciativas gubernamentales. El segundo factor es que este es el primer gobierno en abierta disonancia ideológica con el establecimiento. El giro hacia la izquierda ha generado reacciones negativas, prevenciones y desajustes en las expectativas de muchos sectores sociales y políticos. Además, hay funcionarios provenientes de sectores sociales distintos a los habituales, y esas diferencias en las formas de pensar y actuar no se han asimilado ni aceptado plenamente. Muchos han sido rechazados por su origen.
La oposición es calificada de “terca y arrogante”, y se afirma que obstruye a partir de cálculos electorales. Esto se refiere a lo que hacen los partidos y los congresistas, pero no a las razones por las cuales lo hacen. No son únicamente las expectativas de ver fracasar al gobierno para intentar sacar ventaja electoral las que generan obstruccionismo. Existen otras razones: los intereses económicos que se verían afectados por los cambios en la salud y las pensiones; el fortalecimiento de la educación pública en colegios y universidades; las reformas tributarias y salariales; la jurisdicción agraria; y la formalización laboral. Los proyectos presentados durante el primer semestre aún no incluían reformas sociales profundas y, por ello, fueron aprobados. De igual forma, el sistema de partidos fragmentado —con 13 partidos en el Senado y 20 en la Cámara, varios de ellos divididos internamente— dificulta las posibilidades de acuerdos, y muchos congresistas asumen su labor legislativa como si se tratara de una transacción.
La representación política atraviesa una situación crítica, lo cual se refleja en su persistente mala imagen. Pero el editorial mete en el mismo costal naranjas y guayabas. No es todo el Congreso: son las bancadas de los partidos en oposición, mientras que la bancada de gobierno ha actuado de manera responsable. Muchos congresistas se comportan como políticos de negocios: buscan favorecer sus propios intereses, los de sus familiares, allegados y clientelas. Además, suelen abogar por intereses privados de conglomerados, grupos económicos o gremios.
Como lo expresa el editorial, muchos proyectos no avanzaron y seguirán encontrando obstáculos. Y el gobierno ha cometido numerosos errores. Sin embargo, las explicaciones centradas únicamente en las conductas, la personalidad o el temperamento del presidente, de los ministros y de los HP —Honorables Parlamentarios— parecen insuficientes.
Javier Duque Daza
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