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La mala conducta
A propósito del editorial del 12 de agosto, titulado “Las campanas de Miguel Uribe Turbay doblan por ti”. Quién lo creyera: la dolorosa muerte de Miguel Uribe, en vez de llamar a un acuerdo y calmar los ánimos, ha sido otro episodio —y quizá el peor— de esta delirante guerra verbal de insultos, desafíos e ideas descabelladas que se está dando en Colombia. Mientras Abelardo de la Espriella habla de “destripar a la izquierda”, el exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios invita a no dejar entrar a Petro a las honras fúnebres de Miguel Uribe. Vicky Dávila saca a la luz pública unos chats sobre unas supuestas fiestas de Petro, y el precandidato Andrés Guerra invita a “dar balín”.
Por otro lado, el presidente no se queda atrás: invita a no dejar entrar al delegado del secretario del Interior de EE. UU. a las honras fúnebres de Uribe, además de otras salidas por Twitter que rayan en lo absurdo, como convocar a las Fuerzas Armadas para unirse a Venezuela.
Preocupa mucho, porque si quienes aspiran a suceder a Petro vienen con la misma verborrea de enfrentamientos —incluso peor—, ¿por quién se vota? Desafortunadamente, ya no hay un debate político medianamente serio.
Y lo más importante: ¿es mucho pedir que ese debate sea en paz, sin gritos ni insultos?
Rodolfo Alberto Vanegas Pérez
Cuando el Estado no protege
Con relación a lo expresado en el editorial del 15 de agosto, titulado “Se debe proteger la vida de quienes ejercen la política”. Es evidente que no les faltan razones. Sin embargo, no solo hace falta seguridad y protección del Estado para que se pueda ejercer la actividad política, sino también para que cada uno de los ciudadanos de este país pueda desarrollar, desde la más humilde actividad con la que se gana la vida, hasta las más complejas labores productivas.
El Estado no cumple con lo establecido por la Constitución: proteger la honra y los bienes de cada uno de sus nacionales. Ni hablar del abandono frente a las delincuencias de toda índole, tanto en regiones apartadas como en zonas céntricas del país.
El caso de la isla Santa Rosa, en medio del Amazonas —donde existen construcciones y autoridades peruanas desde hace más de cinco años, y el Estado colombiano no sabía que existían, o si lo sabía, se hacía el desentendido— es una evidencia inocultable de ello.
Y no se trata solo del gobierno Petro; han pasado muchos otros con el mismo abandono. Todos sabemos que las obras públicas —carreteras, puertos, trenes, escuelas y demás— son la forma en que el Estado debe hacer presencia y garantizar que la seguridad, y no la inseguridad, esté en manos de las instituciones, no de la delincuencia.
Pascual Mauricio Correa Ospina
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