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Como ciudadano colombiano, observo con preocupación el debate jurídico e institucional que ha surgido en torno al Decreto 234 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar la negociación colectiva por niveles en el país.
Más allá de las discusiones políticas o ideológicas, lo verdaderamente importante para los colombianos es preservar el equilibrio institucional y el respeto por la Constitución. Nuestro sistema democrático se sustenta en la separación de poderes, donde cada rama del poder público tiene competencias claramente definidas y limitadas.
En Colombia, el Congreso de la República es el órgano encargado de expedir las leyes que regulan aspectos estructurales del régimen laboral y económico del país. Por ello, cualquier modificación sustancial al modelo de negociación colectiva debería, en principio, ser objeto de un debate legislativo amplio, transparente y democrático.
El país atraviesa un momento de profundas tensiones entre distintas instituciones del Estado. Estas diferencias, propias de una democracia, no deberían trasladar incertidumbre jurídica a los ciudadanos, trabajadores y empresarios que día a día sostienen la economía nacional.
La discusión que hoy se abre sobre el alcance del Decreto 234 de 2026 no debe entenderse como un enfrentamiento político, sino como una oportunidad para que las instituciones competentes definan con claridad los límites constitucionales de la potestad reglamentaria del Gobierno.
Por esa razón, resulta fundamental que los órganos judiciales competentes analicen con rigor jurídico el alcance de esta norma, a fin de garantizar que cualquier transformación del sistema laboral colombiano se realice dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho.
Colombia necesita seguridad jurídica, estabilidad institucional y respeto por las reglas democráticas. Solo así se protege el interés general y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Gerardo Salazar López, Bogotá
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