Cuando la pretensión es tensionar la democracia

Las democracias no suelen romperse de un día para otro. Se debilitan cuando las instituciones dejan de ser el lugar donde se resuelven los conflictos y pasan a convertirse en el principal objeto del conflicto.

Eso es lo preocupante del momento que vive Colombia.

No se trata de cuestionar una elección, criticar una decisión judicial o convocar movilizaciones. Todo eso puede ser legítimo. El problema aparece cuando esas acciones dejan de ser episodios aislados y comienzan a formar parte de una misma pretensión política.

Toda pretensión tiene una demanda visible y un objetivo más profundo. La demanda puede ser revisar una elección, cuestionar un fallo o defender la soberanía. La pregunta importante es otra: ¿qué busca cambiar realmente?

Cuando, de manera simultánea, se pone en duda la legitimidad del presidente electo pese a la validación internacional del proceso, se descalifican decisiones judiciales cuando no coinciden con el propio relato, se incorpora el debate sobre la extradición, la JEP o la Fiscalía dentro de una misma confrontación política y se presenta la movilización como una fuente alternativa de legitimidad, la pretensión deja de ser correctiva. Se convierte en una tensión sistémica sobre la democracia.

Cada institución pasa a ser un escenario de disputa. La autoridad electoral. Los jueces. Los organismos de control. La transición presidencial. Incluso las relaciones internacionales.

Ese es el verdadero riesgo.

Las democracias funcionan porque aceptan que ninguna institución es perfecta, pero también porque todos aceptan reglas comunes para corregir sus errores. Quien afirma que una elección fue fraudulenta tiene derecho a pedir su revisión. También tiene la obligación de aportar pruebas. Sin esa diferencia, toda derrota puede convertirse en fraude, toda decisión judicial en persecución y toda institución en un enemigo político.

Hay además una contradicción que merece atención. En Colombia se ha vuelto habitual calificar de “extrema derecha” a proyectos políticos antes incluso de que ejerzan el poder. Al mismo tiempo, se sigue describiendo como “izquierda democrática” a un gobierno que, de manera reiterada, tensiona la legitimidad de las elecciones, confronta las decisiones judiciales cuando le son adversas y cuestiona distintos pilares institucionales.

Quizás el problema es que seguimos definiendo los extremos por su ubicación ideológica y no por su comportamiento democrático.

Las democracias admiten reformas profundas. Se puede transformar el sistema de salud, cambiar el modelo económico o reformar la justicia sin dejar de ser plenamente democrático. El extremismo no comienza cuando una propuesta es radical. Comienza cuando un proyecto político deja de aceptar límites, considera ilegítima toda institución que lo contradice y convierte cualquier propósito rival en un obstáculo que debe ser derrotado.

Ese debería ser el mismo criterio para todos. No uno para nuestros aliados y otro para nuestros adversarios.

La pregunta no es si un gobierno es de izquierda o de derecha. La pregunta es mucho más sencilla y mucho más importante: ¿acepta que la democracia también consiste en perder, respetar las instituciones y reconocer que ningún proyecto político está por encima de las reglas comunes?

Rubén Junca, Lisboa, Portugal

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