Como muestra de respeto que tiene la Administración Distrital a los ciudadanos y reivindicando su derecho a ser informados sobre las acciones que adelantó la Administración el pasado 28 de diciembre, en la que se recuperó un segmento vial sobre la Trans 1 con calle 85, frente al Edificio Mirador,...
Como muestra de respeto que tiene la Administración Distrital a los ciudadanos y reivindicando su derecho a ser informados sobre las acciones que adelantó la Administración el pasado 28 de diciembre, en la que se recuperó un segmento vial sobre la Trans 1 con calle 85, frente al Edificio Mirador, hecho que fue considerado por algunos como “¿Una arbitrariedad más para el olvido?” y “¿Y al Alcalde quien lo cuida?” entre otros.
El hecho fue adelantado como un acto administrativo de la Alcaldía Local de Chapinero y contó con el apoyo de la Defensoría del Espacio Publico dentro de un proceso que se venía adelantándose desde el año 2001.
El suceso se realizó mediante Resolución No. 1444 del 2005 en la que se ordena la restitución del espacio público de una vía, V-7E con tránsito vehícular restringido, que debía contar con un ancho de vía de 6 metros, según plano urbanístico 568/4-4 aprobado por la Secretaria de Planeación Distrital desde el año 1974 y modificado en el año 1983.
Antes del acto administrativo de restitución la vía tenía 4.50 metros, debido a que los residentes del Edificio El Mirador construyeron el muro que encerraba su predio incorporando a él una franja de espacio público que se utilizaba como zona privada de estacionamiento.
La decisión de restituir el espacio público fue ratificada en segunda instancia, el 30 de julio de 2007, por el Consejo de Justicia de Bogotá, mediante Resolución No. 1369, en la que ordena el derribamiento de un muro, una caseta de vigilancia y dos talanqueras que se encontraban sobre el espacio público al costado de la vía.
De esta manera se aclara que esta diligencia se llevó a cabo culminando un proceso iniciado hace 9 años, dando cumplimiento del acto administrativo que goza de la presunción de legalidad y que obliga a la Administración a la ejecución de lo ordenado por el mencionado tribunal.
Por tanto resulta irresponsable y oportunista afirmar, que de parte de la Administración existiera un interés diferente al de restituir un bien de uso público para el uso y goce de la ciudadanía, e irónico resulta también que al demoler una caseta y dos talanqueras que privatizaban una vía de uso público, se diga que un particular podría resultar beneficiado.
Jorge Z Baquero.Bogotá.
Fe de erratas
Por un error involuntario, en la página 13 de nuestra edición del lunes 17 de enero publicamos la fotografía del inversionista George Soros para ilustrar un texto que en realidad debería llevar la del empresario Bernard Maddoff. El Espectador ofrece disculpas por la lamentable equivocación.
