En las cartas al lector, del 29 de julio, el presidente de Afidro expresó una opinión reprochable que como representante de Asinfar no puedo dejar pasar.
Asinfar representa a las industrias farmacéuticas constituidas predominantemente con capital nacional y productoras de medicamentos genéricos. Este tipo de productos representan el 70% de las unidades de medicamentos que consumen los colombianos, cantidad que va en aumento mientras desciende la participación en valores. El 30% restante, comercializado por las multinacionales, representa un 70% del gasto farmacéutico del país, con tendencia a elevarse y cada vez más concentrado en los medicamentos biotecnológicos.
Varios estudios demuestran que, aunque el gasto farmacéutico no es el único factor que ha generado la crisis de la salud en el país, sí es uno de los más importantes, y no toda la responsabilidad puede endilgárseles a los intermediarios.
No es cierto que los medicamentos genéricos no se sometan a pruebas clínicas y preclínicas. Estas pruebas ya se han realizado con el primer medicamento que ingresa al mercado, y son absolutamente innecesarias y antiéticas para sus competidores. La experiencia del país, en más de 40 años, es que no se deben exigir pruebas redundantes de seguridad ni de eficacia para una sustancia de la cual ya se conozcan estos aspectos, y sólo debe aportarse información química esencial para demostrar que se trata de la misma sustancia, independientemente del tipo de medicamento en cuestión. El comportamiento de una sustancia es independiente de su marca y, por lo tanto, en el plano sanitario no tiene ningún sentido hacer diferenciaciones entre las indicaciones, contraindicaciones o advertencias referentes a un mismo principio activo, excepto en el plano netamente comercial.
Es esta una discusión que involucra los dos aspectos, lo sanitario y lo comercial. Ambos están íntimamente relacionados con el derecho a la salud de todos, porque afectan los aspectos clínicos, el acceso y la oportunidad en el uso de los recursos. La pregunta es: ¿puede una sociedad seria tolerar una estructura de precios donde el costo de producción directa de productos que garantizan un derecho fundamental sea del 0,7%? ¿Es legítimo que esto se haga incluso después de que expiran los privilegios de propiedad intelectual? ¿No deberíamos estar interesados en alentar una verdadera economía de mercado, sin barreras arancelarias ni técnicas? ¿Puede la industria de investigación remover las bases de la vida sin que pueda develar los misterios de sus propios productos? Podemos avanzar para que, en un mercado estable y bien regulado, los pacientes sean la razón de ser de la industria y, gracias a nuestro compromiso con ellos y con la sociedad entera, seamos justamente compensados.
Alberto Bravo Borda.
Presidente ejecutivo, Asinfar.
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