Muy importante y oportuno el artículo de Francisco Gutiérrez Sanín titulado "El ruido que hace una jueza al caer" (El Espectador 25-03-11) sobre los fondos con los cuales se pagan algunas de las defensas técnico-juridicas de miembros de la Fuerza Pública acusados de delitos.
Esto nos lleva a preguntar: ¿con qué fondos, entonces, paga la defensoría pública a los abogados designados para la defensa indiscriminada de todo aquel que es llevado ante los jueces de garantías y ante los jueces de conocimiento acusados de algún delito? La respuesta a este interrogante no puede ser ninguna otra, dadas las circunstancias, que con dineros provenientes de los impuestos que pagamos los colombianos, por cuanto de acuerdo con el denominado sistema penal acusatorio, introducido al ordenamiento jurídico por los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y la Ley 906 de 2004, el Estado colombiano juzga a través del juez, acusa a través del fiscal y, simultáneamente, defiende a través del defensor público. ¿Qué hacer? Posiblemente con la reforma judicial anunciada por el presidente Juan Manuel Santos Calderon y aupada por el ministro Germán Vargas Lleras se remedie esta situación, entre otras razones porque hoy en Colombia al delincuente no le cuesta nada delinquir, en relación con su propio peculio, porque el Estado paga su defensa por haber violado el ordenamiento jurídico y cometido algún delito.
Rafael Aguja Sanabria. Bogotá.
Controvertido proyecto de ley
He visto por la televisión que algunos de nuestros congresistas están estudiando un proyecto de ley para sancionar a quienes hagan sus necesidades fisiológicas en la calle. Si bien no estoy de acuerdo con esos espectáculos poco agradables, me parece que siendo precisamente necesidades, se debe primero ofrecer alternativas antes que sanciones. Lo primero es la educación. Aunque son muy importantes las matemáticas y el lenguaje, la educación para la convivencia diaria, o lo que antes llamaban civismo, se dejó de lado olímpicamente con las consecuencias nefastas que en el día a día vemos en las calles. Lo otro que se les olvida a nuestros ilustres representantes es que en nuestras ciudades no hay un sistema organizado de servicios públicos para el transeúnte y que hay factores climáticos como el frío y fisiológicos como la edad o estado de salud de las personas que las obligan a estas situaciones. Antes de persignarnos, legislar y sancionar, hay que educar y dar condiciones adecuadas.
A. Martínez. Bogotá.
