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En las ediciones digitales de este diario que circularon los días 20 y 27 de abril, la columnista Andrea Aldana escribió dos artículos titulados “Algo más sobre el parqueadero Padilla”. Me permito responder de manera breve los cuestionamientos que sobre mi gestión como fiscal general de la nación hizo la señora Aldana quien, con absoluta carencia de rigor periodístico, publicó un artículo impreciso, con distorsiones históricas, omisiones, y un marcado sesgo contra mí.
1- La autora se refiere a una acción adelantada contra el paramilitarismo en 1998 que dio lugar, entre otras, a la captura del sr. Jacinto Soto. Se sugiere malévolamente que desde mi despacho se impartió la orden de frenar esa investigación dándole traslado a Bogotá. El allanamiento fue dirigido por el dr. Gregorio Oviedo, como ella lo menciona.
2- Sugiere la columnista de marras que él tuvo que salir luego al exilio, aparentemente por una falta de respaldo de la Fiscalía. Eso es falso. Él mismo pidió su traslado a Bogotá y fue ascendido por el suscrito al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Nacional de Orden Público. Durante su gestión contó con mi apoyo incondicional. Mi sucesor en el cargo de fiscal general fue quien lo retiró de la entidad, razón por la cual terminó en el exilio. Así se vio obligada a reconocerlo en la segunda columna.
3- La decisión de traer el proceso a Bogotá no fue, como afirma la columnista, una decisión mía. Ese traslado lo hizo la dirección nacional de Fiscalías, con la información de quienes adelantaban la investigación en Medellín, empezando por el dr. Oviedo, en el sentido que allá se encontraba estancada. En el proceso participaron directivos libres de toda tacha como Jaime Córdoba Triviño y Pablo Elías González. Consulté a los doctores González y Oviedo, y ambos coincidieron en que la investigación continuó en manos de mujeres valientes que en su condición de fiscales le dieron duros golpes al paramilitarismo. Una investigadora ampliamente reconocida por su eficacia y rectitud como Carmen Maritza González, con otros funcionarios, avanzó en esa investigación con resultados tangibles. Ella me dice además que en Bogotá asumió la investigación con mucha dedicación la fiscal Amelia Pérez, libre ella también de toda sospecha. Se olvida que aparte del señor Soto también se capturó en un partido del Envigado al sr. Upegui, con nexos conocidos con el paramilitarismo. Además no tenía sentido dejar el proceso en Medellín si allá estaban asesinando a los investigadores del CTI.
4-Tiempo después la Fiscalía, bajo mi mando, adelantó el allanamiento en Córdoba contra Funpazcor en la que se lograron varias capturas y quedaron al descubierto muchos de los secretos del paramilitarismo. No sé de dónde saca la columnista que se dio la orden de transportar la documentación por tierra y no por avión, y que en ese trayecto desaparecieron las pruebas. No hay una sola persona que confirme esa hipótesis. Adjunto para quien quiera enterarse el link sobre lo que entonces registraron los medios. https://www.semana.com/amp/el-8000-paras/46595-34-
Desconoce Aldana que por mi lucha frontal contra el paramilitarismo, Carlos Castaño —en documento ampliamente difundido en la época, que la autora debería conocer— anunció que le pedía excusas anticipadas al país porque había tomado la decisión de matarme. Muchos colombianos, encabezados por el presidente Betancur, expresaron públicamente su repudio a esa amenaza. Aquí está el link sobre el episodio: https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/MAM-909279.
5- El sesgo de la columnista se hace evidente cuando afirma que mi elección como fiscal general en 1997 fue “cuestionada”. Fui elegido por la Corte Suprema de Justicia, que estaba integrada por respetables juristas, el mismo día de mi exposición ante el alto tribunal. Con absoluto desconocimiento del funcionamiento del Estado, la señora Aldana dice que Mario Uribe me hacía propaganda en el Senado. Esa afirmación constituye un irrespeto, no solo a mi persona, sino a los magistrados de entonces y, además, confirma la intención torva que la anima, porque la elección de ningún fiscal ha requerido de campañas en el Senado.
6- La columna de la señora Aldana llega hasta a afirmar que mi fiscalía precluyó la investigación a Ernesto Samper por el proceso 8.000. Cualquier estudiante de primer semestre de derecho sabe que al presidente de Colombia no lo investiga la Fiscalía sino el Congreso, entidad que en efecto precluyó la investigación contra el entonces presidente. Y, además, lo hizo un año antes de que yo llegara al cargo de fiscal general. Al afirmar que en mi gestión no avanzó el proceso 8.000, la columnista se empeña en desconocer que bajo mi dirección la Fiscalía capturó a contralores, registradores, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, y muchos otros funcionarios vinculados. Toda esa información reposa en el informe de mi gestión, que es público, pero que, naturalmente, la autora del texto publicado en este diario tampoco estudió.
7.- Es insólito que la citada columnista utilice la tribuna periodística que le dispensa el diario no solamente para ofenderme a mí y a abnegados servidores de la justicia, con mendacidades, sino para “invitarme” a que le conceda una entrevista. En un periodismo democrático y serio, la entrevista se hace antes y no después y ha debido extenderse a todos los fiscales e investigadores que intervinieron en el caso como los aquí mencionados. Es la clásica figura de los dictadores, de “fusilar mientras llega la orden”.
Alfonso Gómez Méndez. Ex fiscal general de la nación.
