Del exmagistrado Escobar Gil sobre una columna
Del exmagistrado Escobar Gil sobre una columna
Quiero expresar mi extrañeza e inconformidad por el tono difamatorio que percibo en la columna de Cecilia Orozco titulada “La basura bajo el tapete” (El Espectador, 09/21/2017).
En marzo de 2015 fui víctima de un burdo montaje que fue comunicado a la opinión pública a través de fantasiosas e irresponsables publicaciones de prensa, hecho que nos causó daños irreparables a mi familia y a mí. Enfrenté esa agresión y el prolongado juicio que le siguió con entereza, decisión y absoluta confianza en que al final se impondría la verdad.
El pasado 15 de septiembre fui absuelto porque fui acusado de tráfico de influencias por una supuesta propuesta inapropiada que habría formulado durante un almuerzo a mi excolega en la Corte Constitucional, magistrado Mauricio González, quien en su testimonio en el proceso manifestó con toda claridad que eso nunca ocurrió. Desvirtuada en forma irrefutable la acusación no habría podido ser otro el veredicto, como lo expresara en el juicio el agente especial de la Procuraduría, quien formuló una categórica petición de absolución. Esta decisión se une a la absolución en lo disciplinario por el Consejo Superior de la Judicatura, en septiembre de 2015. Todo lo demás que se ha dicho acerca del caso corresponde a especulaciones y consejas sin fundamento, parte de la maniobra criminal de que fui objeto.
La columna en mención asegura: “Noticias Uno descubrió el ‘brillante’ pasado del juez 23 penal de Bogotá, Néstor Gilberto Amaya Barrera, quien acaba de absolver a otro expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, procesado por tráfico de influencias que habría cometido en concurso con Pretelt. Escobar Gil habría sido recomendado por Pretelt a la firma Fidupetrol para incidir en la Corte Constitucional en el sentido del fallo de la tutela que interesaba a esa empresa. Ambos cobrarían $500 millones a Fidupetrol, una ganga frente a lo que cobraban en la Suprema”.
Es falso que durante el proceso haya sido examinada mi conducta en concurso con la de otra persona, como afirma la columnista. También es falso que hubiese sido “recomendado por Pretelt a la firma Fidupetrol para incidir en la Corte Constitucional en el sentido del fallo de la tutela que interesaba a esa empresa”. Presté servicios profesionales como abogado a esa empresa por la cual fui convocado para adelantar una labor que cumplí dentro del marco de la ley y la ética, con base en un contrato, cuya legalidad fue reconocida por el propio fiscal del caso, en el juicio. Los honorarios recibidos fueron de $200 millones por mi trabajo profesional, jamás por “incidir en la Corte”, afirmación falsa, como también lo es que “ambos cobrarían $500 millones a Fidupetrol”. Es importante destacar que los testimonios del supuesto testigo estrella, Víctor Pacheco, fueron desestimados en el juicio porque él mismo declaró que había mentido y que no tenía nada que declarar en mi contra.
Quiero puntualizar, igualmente, que no conozco ni he tenido relación personal ni profesional alguna con el juez 23 Penal de Bogotá, quien fungió como mi juez natural, designado en reparto público y transparente, efectuado por las autoridades competentes, conforme a la ley.
Las responsabilidades jurídicas son individuales. Respondí, respondo y responderé a cabalidad por la mías. Siempre di la cara a la justicia y a los medios y cuando injustamente se hicieron señalamientos en mi contra presenté la documentación que sustenta mis actuaciones. Por eso rechazo la persistencia en vincularme con actuaciones de otras personas y el palmario intento de mancillar mi nombre, con tanta ligereza. Es inaceptable e ilegal que la información y la opinión se aparten de la verdad, se apoyen en falsas afirmaciones o en acusaciones sin fundamento.
Rodrigo Escobar Gil.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Del exmagistrado Escobar Gil sobre una columna
Quiero expresar mi extrañeza e inconformidad por el tono difamatorio que percibo en la columna de Cecilia Orozco titulada “La basura bajo el tapete” (El Espectador, 09/21/2017).
En marzo de 2015 fui víctima de un burdo montaje que fue comunicado a la opinión pública a través de fantasiosas e irresponsables publicaciones de prensa, hecho que nos causó daños irreparables a mi familia y a mí. Enfrenté esa agresión y el prolongado juicio que le siguió con entereza, decisión y absoluta confianza en que al final se impondría la verdad.
El pasado 15 de septiembre fui absuelto porque fui acusado de tráfico de influencias por una supuesta propuesta inapropiada que habría formulado durante un almuerzo a mi excolega en la Corte Constitucional, magistrado Mauricio González, quien en su testimonio en el proceso manifestó con toda claridad que eso nunca ocurrió. Desvirtuada en forma irrefutable la acusación no habría podido ser otro el veredicto, como lo expresara en el juicio el agente especial de la Procuraduría, quien formuló una categórica petición de absolución. Esta decisión se une a la absolución en lo disciplinario por el Consejo Superior de la Judicatura, en septiembre de 2015. Todo lo demás que se ha dicho acerca del caso corresponde a especulaciones y consejas sin fundamento, parte de la maniobra criminal de que fui objeto.
La columna en mención asegura: “Noticias Uno descubrió el ‘brillante’ pasado del juez 23 penal de Bogotá, Néstor Gilberto Amaya Barrera, quien acaba de absolver a otro expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, procesado por tráfico de influencias que habría cometido en concurso con Pretelt. Escobar Gil habría sido recomendado por Pretelt a la firma Fidupetrol para incidir en la Corte Constitucional en el sentido del fallo de la tutela que interesaba a esa empresa. Ambos cobrarían $500 millones a Fidupetrol, una ganga frente a lo que cobraban en la Suprema”.
Es falso que durante el proceso haya sido examinada mi conducta en concurso con la de otra persona, como afirma la columnista. También es falso que hubiese sido “recomendado por Pretelt a la firma Fidupetrol para incidir en la Corte Constitucional en el sentido del fallo de la tutela que interesaba a esa empresa”. Presté servicios profesionales como abogado a esa empresa por la cual fui convocado para adelantar una labor que cumplí dentro del marco de la ley y la ética, con base en un contrato, cuya legalidad fue reconocida por el propio fiscal del caso, en el juicio. Los honorarios recibidos fueron de $200 millones por mi trabajo profesional, jamás por “incidir en la Corte”, afirmación falsa, como también lo es que “ambos cobrarían $500 millones a Fidupetrol”. Es importante destacar que los testimonios del supuesto testigo estrella, Víctor Pacheco, fueron desestimados en el juicio porque él mismo declaró que había mentido y que no tenía nada que declarar en mi contra.
Quiero puntualizar, igualmente, que no conozco ni he tenido relación personal ni profesional alguna con el juez 23 Penal de Bogotá, quien fungió como mi juez natural, designado en reparto público y transparente, efectuado por las autoridades competentes, conforme a la ley.
Las responsabilidades jurídicas son individuales. Respondí, respondo y responderé a cabalidad por la mías. Siempre di la cara a la justicia y a los medios y cuando injustamente se hicieron señalamientos en mi contra presenté la documentación que sustenta mis actuaciones. Por eso rechazo la persistencia en vincularme con actuaciones de otras personas y el palmario intento de mancillar mi nombre, con tanta ligereza. Es inaceptable e ilegal que la información y la opinión se aparten de la verdad, se apoyen en falsas afirmaciones o en acusaciones sin fundamento.
Rodrigo Escobar Gil.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com