Como colombiana deseo hacer un llamado de atención a las entidades comprometidas con el proceso electoral y especialmente al Consejo Nacional Electoral - CNE, para que justifique su existencia como líder, orientador, regulador y controlador de los procesos que deben garantizar la verdad en las urnas, partiendo de las experiencias obtenidas en el 2018.
Las principales inconsistencias reportadas, tanto por la Misión de Observación Electoral (MOE) como por el Laboratorio de Seguridad Digital Karisma, se resumen así:
Etapa preelectoral: Censo Electoral no confiable
La Registraduría del Estado Civil es la encargada de ofrecer la lista de los colombianos aptos para votar, mayores de 18 de años, que residen en nuestro país o en el exterior. Para esto debe depurar la información del censo electoral, incluyendo a los ciudadanos que obtengan la mayoría de edad y retirando del censo las cédulas de los ciudadanos fallecidos.
Elección tras elección los entes de control reportan hallazgos de fraudes electorales, con cédulas de muertos, de personas inexistentes. Estos delitos requieren de la colaboración de empleados infiltrados en la Registraduría, para hacer registros falsos, llenando todos los requisitos de firmas, huellas dactilares y demás, proceso que puede durar hasta cinco meses según informes. Todos los funcionarios de la Registraduría, quienes deben ser los garantes de la verdad del censo, con su ética y compromiso ciudadano, no deberían prestarse para estos actos corruptos.
Los datos de población provenientes de la Registraduría impactan otros procesos de la nación, como los subsidios para el adulto mayor y hasta lo que estamos viviendo hoy, con el proceso de vacunación contra la COVID-19. En días pasados, Noticias Caracol TV, informó sobre la denuncia del señor Diego Lindo, quien con asombro encontró que su padre, fallecido el 12 de mayo de 1992, aparecía en la plataforma “Mi Vacuna” como priorizado y que al revisar su cédula en la Registraduría, ésta se encontraba activa. Este no ha sido el único caso identificado.
Causas múltiples para que el censo electoral no sea confiable, porque los muertos siguen vivos o resucitan para votar. Otros “vivos” toman la información de reclusos y al parecer el día de las elecciones están libres y ejercen su “derecho” a votar.
¿Qué hacer para que los muertos queden muertos y salgan del censo electoral?
Aclaro que para obtener la licencia de inhumación o cremación por parte de la Secretaria de Salud, las funerarias exigen el certificado de defunción realizado por un médico y la entrega de la cédula.
Pero me pregunto, ¿esta reglamentación la cumplirán a cabalidad las pequeñas funerarias o en los municipios de menor población? ¿Entregarán los familiares siempre la cédula y los duplicados? ¿Qué pasa con las personas que no saben dónde tienen la cédula del difunto?
Preguntémonos, ¿qué otros procesos de control y seguimiento existen para la depuración del censo electoral? ¿Con cuáles otras bases de datos, cruza la Registraduría su información?
Pero no dejemos pasar el más reciente fraude electoral, el de Aida Merlano a quien encontraron con $261 millones para la compra de votos, y quien declaró posteriormente desde Venezuela, a Vicky Dávila de Semana, cómo era la red de irregularidades en la Costa Caribe y Valledupar, para respaldar la votación del candidato hoy Presidente Duque. Este proceso parece congelado y no se conocen resultados de la investigación sobre la veracidad de la denuncia y los políticos comprometidos.
Etapa de votación: Riesgos
La MOE, Misión de Observación Electoral, menciona otros delitos ocurridos los días de las elecciones en el 2018, tales como: constreñimiento al sufragante y el delito de trashumancia electoral. Al cierre de la jornada electoral se registraron situaciones irregulares como: jurados que no aceptan el reconteo de votos solicitado por algunos testigos electorales, jurados que seleccionaron tarjetones para destruirlos, autoridades locales que sin ostentar la calidad de jurados se hicieron presentes en las mesas y en algunos casos intervinieron en el conteo, y en algunos municipios se hizo el conteo de votos sin luz.
Etapa de consolidación de la información: Riesgos
La MOE advierte de la necesidad de implementar una correcta auditoría sobre la seguridad del software para garantizar en su uso, un riguroso control de los procedimientos y resultados. Las últimas cinco elecciones al Congreso han sido demandadas por “la contabilización fraudulenta de votos, por abrumadoras diferencias entre los distintos formularios de votantes y alteraciones a las actas de escrutinios”.
Además, el Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de Karisma, “organización líder en derechos digitales” y encargada de plantear el protocolo de auditoría al software, menciona que hay “indicios de la debilidad del sistema híbrido colombiano”.
Según la directora de Karisma, Carolina Botero, en columna de opinión en El Espectador, “la Registraduría debe permitir que los partidos y la MOE auditen el software (artículo 45 de la Ley 1475 de 2011), pero esto no se hace”.
Todo lo anterior nos muestra la ineficacia de las instituciones y que estamos a merced de los políticos corruptos que intervienen en decisiones respecto del software contratado por la Registraduría.
Si el Consejo Nacional Electoral no adelanta un programa para la transparencia en las elecciones de 2022, no importa cuál sea el candidato de la oposición, el resultado será el mismo de siempre y continuaremos en una democracia, sin democracia.
Beatriz Carrillo de Ruiz. Ciudadana activa a los 84 años.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Como colombiana deseo hacer un llamado de atención a las entidades comprometidas con el proceso electoral y especialmente al Consejo Nacional Electoral - CNE, para que justifique su existencia como líder, orientador, regulador y controlador de los procesos que deben garantizar la verdad en las urnas, partiendo de las experiencias obtenidas en el 2018.
Las principales inconsistencias reportadas, tanto por la Misión de Observación Electoral (MOE) como por el Laboratorio de Seguridad Digital Karisma, se resumen así:
Etapa preelectoral: Censo Electoral no confiable
La Registraduría del Estado Civil es la encargada de ofrecer la lista de los colombianos aptos para votar, mayores de 18 de años, que residen en nuestro país o en el exterior. Para esto debe depurar la información del censo electoral, incluyendo a los ciudadanos que obtengan la mayoría de edad y retirando del censo las cédulas de los ciudadanos fallecidos.
Elección tras elección los entes de control reportan hallazgos de fraudes electorales, con cédulas de muertos, de personas inexistentes. Estos delitos requieren de la colaboración de empleados infiltrados en la Registraduría, para hacer registros falsos, llenando todos los requisitos de firmas, huellas dactilares y demás, proceso que puede durar hasta cinco meses según informes. Todos los funcionarios de la Registraduría, quienes deben ser los garantes de la verdad del censo, con su ética y compromiso ciudadano, no deberían prestarse para estos actos corruptos.
Los datos de población provenientes de la Registraduría impactan otros procesos de la nación, como los subsidios para el adulto mayor y hasta lo que estamos viviendo hoy, con el proceso de vacunación contra la COVID-19. En días pasados, Noticias Caracol TV, informó sobre la denuncia del señor Diego Lindo, quien con asombro encontró que su padre, fallecido el 12 de mayo de 1992, aparecía en la plataforma “Mi Vacuna” como priorizado y que al revisar su cédula en la Registraduría, ésta se encontraba activa. Este no ha sido el único caso identificado.
Causas múltiples para que el censo electoral no sea confiable, porque los muertos siguen vivos o resucitan para votar. Otros “vivos” toman la información de reclusos y al parecer el día de las elecciones están libres y ejercen su “derecho” a votar.
¿Qué hacer para que los muertos queden muertos y salgan del censo electoral?
Aclaro que para obtener la licencia de inhumación o cremación por parte de la Secretaria de Salud, las funerarias exigen el certificado de defunción realizado por un médico y la entrega de la cédula.
Pero me pregunto, ¿esta reglamentación la cumplirán a cabalidad las pequeñas funerarias o en los municipios de menor población? ¿Entregarán los familiares siempre la cédula y los duplicados? ¿Qué pasa con las personas que no saben dónde tienen la cédula del difunto?
Preguntémonos, ¿qué otros procesos de control y seguimiento existen para la depuración del censo electoral? ¿Con cuáles otras bases de datos, cruza la Registraduría su información?
Pero no dejemos pasar el más reciente fraude electoral, el de Aida Merlano a quien encontraron con $261 millones para la compra de votos, y quien declaró posteriormente desde Venezuela, a Vicky Dávila de Semana, cómo era la red de irregularidades en la Costa Caribe y Valledupar, para respaldar la votación del candidato hoy Presidente Duque. Este proceso parece congelado y no se conocen resultados de la investigación sobre la veracidad de la denuncia y los políticos comprometidos.
Etapa de votación: Riesgos
La MOE, Misión de Observación Electoral, menciona otros delitos ocurridos los días de las elecciones en el 2018, tales como: constreñimiento al sufragante y el delito de trashumancia electoral. Al cierre de la jornada electoral se registraron situaciones irregulares como: jurados que no aceptan el reconteo de votos solicitado por algunos testigos electorales, jurados que seleccionaron tarjetones para destruirlos, autoridades locales que sin ostentar la calidad de jurados se hicieron presentes en las mesas y en algunos casos intervinieron en el conteo, y en algunos municipios se hizo el conteo de votos sin luz.
Etapa de consolidación de la información: Riesgos
La MOE advierte de la necesidad de implementar una correcta auditoría sobre la seguridad del software para garantizar en su uso, un riguroso control de los procedimientos y resultados. Las últimas cinco elecciones al Congreso han sido demandadas por “la contabilización fraudulenta de votos, por abrumadoras diferencias entre los distintos formularios de votantes y alteraciones a las actas de escrutinios”.
Además, el Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de Karisma, “organización líder en derechos digitales” y encargada de plantear el protocolo de auditoría al software, menciona que hay “indicios de la debilidad del sistema híbrido colombiano”.
Según la directora de Karisma, Carolina Botero, en columna de opinión en El Espectador, “la Registraduría debe permitir que los partidos y la MOE auditen el software (artículo 45 de la Ley 1475 de 2011), pero esto no se hace”.
Todo lo anterior nos muestra la ineficacia de las instituciones y que estamos a merced de los políticos corruptos que intervienen en decisiones respecto del software contratado por la Registraduría.
Si el Consejo Nacional Electoral no adelanta un programa para la transparencia en las elecciones de 2022, no importa cuál sea el candidato de la oposición, el resultado será el mismo de siempre y continuaremos en una democracia, sin democracia.
Beatriz Carrillo de Ruiz. Ciudadana activa a los 84 años.
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