Derrotar la corrupción, una utopía

Si los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la entidad encargada de velar por la idoneidad de los jueces, tuvieron el descaro de organizar el llamado “cartel de las jubilaciones” para proteger a sus amigotes, causándole al Estado erogaciones astronómicas, ¿qué podemos esperar de la tan cacareada lucha contra la corrupción?

En algunas dependencias de Notariado y Registro, según el superintendente de las oficinas, “donde uno mete el dedo, sale pus”. En Estupefacientes, el descubrimiento de 150.000 hectáreas de tierras de la nación que fueron robadas con la complicidad de registradores públicos es apenas un abrebocas para lo que ha encontrado el investigador Jorge Enrique Vélez. En el Inpec, que maneja las cárceles del país, hay 8.000 procesos represados. En Incoder se estima que de cada 10 casos de tierras usurpadas, en ocho hubo complicidad de funcionarios públicos. En el DAS, hasta su nombre habrá que cambiarlo; hablar de su corrupción es una redundancia. En Estupefacientes, cerca de 74.000 propiedades fueron tratadas como si fueran la guaca de las Farc; cada semana se destapan nuevos escándalos. Los anteriores datos fueron tomados de una página de El Tiempo de marzo 6. Como si lo anterior fuera poco, la revista Semana N° 1505 titula su portada: “Corrupción: se están robando el país”.

No hay dependencia del Estado que se libre de la plaga; en la menos contaminada pululan las nóminas paralelas, de las cuales, calculando por lo bajo, viven más de cinco millones de zánganos del erario. Durante la gestión del contralor Turbay júnior, quien se gastó en viajes a países exóticos más de mil millones y quinientos en su fantástica oficina móvil, se firmaron cerca de 5.000 contratos de servicios, se supone que para controlar la corrupción, entre otros, uno por $27 millones con Magda Egas para que le diera clases de etiqueta a don Julio César, según lo cuenta Daniel Samper Ospina.

Ante la avalancha de casos por juzgar y la escasez de jueces idóneos es imposible que se haga justicia; el único castigo para la corrupción es el escarnio público. Eso lo sabe el abogado Ramón Ballesteros, que se dejó pescar con las manos en la masa. Casos similares al suyo deben ser comunes dentro de la picaresca jurídica, con actores más precavidos.

Una forma de frenar en algo la corrupción sería una ley que obligara a hacer público, mediante un boletín semanal, todos los contratos con dineros del Estado, así los funcionarios sentirían algo de vergüenza por sus triquiñuelas y se abstendrían de contratar a Magda Egas para clases de etiqueta, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?

 Zoilo Guarín. Bucaramanga.

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