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La historia se repite, primero como tragedia y después… como farsa. Eso parece ocurrir, de manera recurrente, con los episodios trágicos en Colombia.
Ayer fue el desastre invernal, hoy es la tragedia minera. Si hace algunos días las CAR estaban en el ojo del huracán, ahora lo es Ingeominas. Las políticas públicas van a la zaga de los lamentables y lamentados sucesos asociados a la depredación de los recursos naturales, a un drástico reordenamiento territorial y a la ineficiente gestión ambiental, en la que el desarrollo sostenible se ha tornado en una inocua invocación del discurso oficial.
Con toda la fanfarria mediática el Gobierno anunció la liquidación o fusión de una treintena de CAR convirtiéndolas en chivos expiatorios. El foco de la intervención gubernamental, según el proyecto de decreto, son los consejos directivos de estos organismos ejecutores del desarticulado sistema ambiental y la dispersas políticas ambientales —resultante, en parte, de la inexistencia de un ministerio especializado—, despojándolos, supuestamente, del lastre de la politiquería de este país.
La cruzada contra estas entidades encubre la ofensiva gubernamental por recentralizar el país, exhibiendo el fracaso de la autonomía regional y sofocando, de paso, la reivindicación de las regiones no sólo por mayores recursos, sino por mayores niveles de competencia, como lo anticipó la Constitución de 1991.
El gran hallazgo del diagnóstico gubernamental es que la crisis ambiental se puede atribuir a la concepción de las llamadas autoridades ambientales y a la composición de sus consejos directivos. Para los reformadores, se deben sustituir los criterios políticos administrativos en la jurisdicción de éstas por la de la existencia de cuencas hidrográficas; sin embargo, la Ley 99 de 1993 define explícitamente que las CAR están integradas “por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”, es decir, supone criterios más amplios. De otra parte, entre los doce integrantes del consejo directivo que designa desde 1995 al director general, predomina la representación del Gobierno, siendo la de los dos representantes de la sociedad civil (comunidades indígenas y ONG ambientales) idéntica a la de los gremios privados. Ahora el Ministerio del Ambiente conformaría las ternas y el consejo directivo, con una membrecía hegemónicamente gubernamental, elegiría al director, significando una pérdida de autonomía. ¿Dónde quedará la veeduría ciudadana de la sociedad civil?
Edilberto Rodríguez Araújo. Director Cenes de la UPTC. Bogotá.
