Represión policial
Al hacer un cotejo entre el Código de Policía (Ley 1801 de 2016) y los hechos acontecidos los días 9 y 10 de septiembre del presente en la ciudad de Bogotá, se advierten varias contradicciones notables entre lo contemplado por el citado Código y el accionar de la Policía en esos días. Así, el artículo primero, al tratar el objeto del Código, hace referencia a “las disposiciones previstas, que son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones de convivencia en el territorio nacional”. Sin embargo, los hechos estuvieron revestidos de lo represivo en grado sumo y en contravía a una convivencia pacífica o civilizada. Tratándose del artículo octavo, sobre principios fundamentales, el numeral 1 indica la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana, pero ninguno de estos principios cobraron vigencia para los hechos, todo lo contrario, se atentó contra la vida de más de diez personas, amén de los heridos que dejó la represión policiva. Y sobre el numeral 12 del mismo artículo, relacionado con la proporcionalidad y razonabilidad de medios de Policía, atendiendo las circunstancias de cada caso, pues bien, las acciones contra la ciudadanía fueron desproporcionadas e irracionales, como lo muestran diversos videos y evidencias.
Finalmente, el artículo décimo, sobre deberes de las autoridades policivas, numerales 1, 3, 10 y 11, abarca lo relativo a “respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución y las leyes, entre otras”, “prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia”, “conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos de solución de conflictos”, “evitar el máximo uso de la fuerza y, de no ser posible, limitarla al mínimo necesario”. Ninguno de esos deberes se cristalizaron y, por el contrario, se actuó en contra de estas disposiciones.
Edgardo Enrique
La estatua de Belalcázar
Los indígenas de la comunidad misak, en el departamento del Cauca, derribaron la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, fundador de Quito, Guayaquil y Cali, por considerarlo un genocida. Los misaks son descendientes del cacique Payán, de ahí el nombre de la capital, Popayán. Un traslado sería entendible, porque ellos aducen que este “genocida” no debería estar en un territorio sagrado como ellos lo enuncian. Pero no con violencia, porque esto suma más violencia. En Colombia hay estatuas que sobran, como la de George Washington en Bogotá, pues este señor no tiene nada que ver con nuestra historia. En otros países hacen lo mismo, porque honrar la historia es una cosa, pero divinizar a estos funestos personajes, así formen parte del pasado, es ofender el presente y el futuro de los pueblos.
Helena Manrique Romero
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Represión policial
Al hacer un cotejo entre el Código de Policía (Ley 1801 de 2016) y los hechos acontecidos los días 9 y 10 de septiembre del presente en la ciudad de Bogotá, se advierten varias contradicciones notables entre lo contemplado por el citado Código y el accionar de la Policía en esos días. Así, el artículo primero, al tratar el objeto del Código, hace referencia a “las disposiciones previstas, que son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones de convivencia en el territorio nacional”. Sin embargo, los hechos estuvieron revestidos de lo represivo en grado sumo y en contravía a una convivencia pacífica o civilizada. Tratándose del artículo octavo, sobre principios fundamentales, el numeral 1 indica la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana, pero ninguno de estos principios cobraron vigencia para los hechos, todo lo contrario, se atentó contra la vida de más de diez personas, amén de los heridos que dejó la represión policiva. Y sobre el numeral 12 del mismo artículo, relacionado con la proporcionalidad y razonabilidad de medios de Policía, atendiendo las circunstancias de cada caso, pues bien, las acciones contra la ciudadanía fueron desproporcionadas e irracionales, como lo muestran diversos videos y evidencias.
Finalmente, el artículo décimo, sobre deberes de las autoridades policivas, numerales 1, 3, 10 y 11, abarca lo relativo a “respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución y las leyes, entre otras”, “prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia”, “conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos de solución de conflictos”, “evitar el máximo uso de la fuerza y, de no ser posible, limitarla al mínimo necesario”. Ninguno de esos deberes se cristalizaron y, por el contrario, se actuó en contra de estas disposiciones.
Edgardo Enrique
La estatua de Belalcázar
Los indígenas de la comunidad misak, en el departamento del Cauca, derribaron la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, fundador de Quito, Guayaquil y Cali, por considerarlo un genocida. Los misaks son descendientes del cacique Payán, de ahí el nombre de la capital, Popayán. Un traslado sería entendible, porque ellos aducen que este “genocida” no debería estar en un territorio sagrado como ellos lo enuncian. Pero no con violencia, porque esto suma más violencia. En Colombia hay estatuas que sobran, como la de George Washington en Bogotá, pues este señor no tiene nada que ver con nuestra historia. En otros países hacen lo mismo, porque honrar la historia es una cosa, pero divinizar a estos funestos personajes, así formen parte del pasado, es ofender el presente y el futuro de los pueblos.
Helena Manrique Romero
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