Con verdadero estupor y furia patriótica leí en su edición del 1° de septiembre que el señor Ricardo Lozano, tomándose la vocería de los habitantes del sector Chicó Norte, solicita eliminar o trasladar el monumento del doctor Laureano Gómez, por causa de los atentados hechos contra el mismo, en razón de su vecindad a su residencia.
Quien debe retirarse de ella es él, por cobarde, y no el monumento que honra a la Patria, junto con su sacrificado hijo, héroe y mártir, Álvaro Gómez Hurtado, y toda su familia, especialmente su hermano Enrique y sus nietos Miguel y Enrique, amenazados por los asesinos del crimen hoy impune. Esa horrible idea es solidarizarse con los asesinos y arrodillarse ante ellos en contra de una dinastía que enorgullece a Colombia y a la gente de bien; Dios nos libre de la cobardía sumisa en contra de la Patria.
Andrés Casas Sanz de Santamaría. Bogotá.
Caso de Plazas Vega
Obvio que el abogado Jaime Granados está cumpliendo su labor como defensor del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y esa es la lógica razón de su extenso mensaje publicado en el periódico El Espectador, sección “Cartas de los lectores”, de ayer. Lo que ocurre en el otro extremo, es decir, por parte de los medios de comunicación y los familiares de las personas desaparecidas, es que se deben publicar otras situaciones o hechos y eso fue lo que aconteció con el comentario editorial del mismo periódico del día 16 de septiembre de 2011, titulado “Batalla judicial en los medios”. Es también demasiado obvio que así como Granados, sobre el mismo caso, defienda al coronel sentenciado a treinta años de cárcel por los desaparecidos de la toma del M-19 al Palacio de Justicia, en el otro extremo existan personas que pensamos y además opinamos como una verdad irrefutable que en Colombia no está permitida la desaparición forzada. Además, la justicia no puede imponerse por medio de avisos millonarios pues los jueces fallan de acuerdo con las pruebas. En Colombia ningún civil, y mucho menos un miembro de las Fuerzas Armadas, puede asesinar o desaparecer a nadie. Los miembros de la fuerza pública que incurran en desapariciones y homicidios deben ser castigados de forma severa, sea cual fuere su rango. Es inaceptable que algunos miembros, en lugar de velar y coadyuvar al bienestar de la ciudadanía en general, enloden la institucionalidad de la fuerza pública.
Jorge Giraldo Acevedo. Santa Marta.
