Celebro la claridad del editorial del 10 de octubre, titulado "La vivienda es un derecho antes que mercancía". Un mensaje muy oportuno a pocas semanas de un terremoto que dejó a miles de colombianos en la calle y a muchos con pocas posibilidades de reunir los recursos necesarios para reordenar sus vidas.
¿Cómo hacer, entonces, para compaginar la idea del derecho a la vivienda con la realidad que vivimos y con nuestra filosofía del derecho? Primero, dos observaciones importantes. La primera es que vivimos en un mundo con recursos finitos, pero seguimos creyendo en el derecho irrestricto a la propiedad privada y en los mercados sin restricciones. La segunda es que nuestras instituciones siguen siendo manejadas por personas para quienes los derechos de las comunidades y las responsabilidades frente a ellos no son un asunto prioritario (voy a dejar que el editorial "Las víctimas del terremoto necesitan resultados tangibles", del 10 de octubre de 2026, aclare este punto).
Nuestra sociedad ha estado siempre dispuesta a aceptar que existen ciertos derechos que admiten restricciones. Los derechos a vender o consumir ciertos productos, a hacer ruido, a conducir un vehículo e incluso a hacerse daño a uno mismo están restringidos por leyes aceptadas por todos. Los derechos a la vida, a la identidad, a pensar y a practicar una religión no admiten regulaciones.
Nuestra sociedad, entonces, encuentra aceptable trazar líneas que separan una clase de derechos de otra, aunque, en los ejemplos que aquí damos, todos se consideren fundamentales. El problema principal en el trazado de estas líneas radica en que la mayoría de las limitaciones a los derechos "fundamentales", específicamente a los derechos a la vivienda, a la salud y a la educación, están asociadas a la capacidad económica de los ciudadanos. Nuestras costumbres y nuestras leyes admiten que no es ilegal ni inmoral discriminar contra los pobres.
Que los recursos son limitados es un argumento tan válido como el de que, inyectándole más dinero al sistema, la salud y la educación serían verdaderamente derechos universales. Sin embargo, estos argumentos resultan definitivamente inaplicables cuando se trata de defender el derecho irrestricto a la propiedad privada, especialmente de la tierra y de la vivienda: simplemente, no hay tierra suficiente para que todos tengamos la propiedad que deseamos. Y aquí nace el problema fundamental: los pocos dueños que ya controlan grandes porciones de ese recurso limitado —el suelo— tienen la capacidad económica, prácticamente ilimitada, para proteger su derecho y limitar el acceso a la propiedad de los ciudadanos menos privilegiados. Visto de otra manera, el derecho irrestricto de unos interfiere con el ejercicio del derecho de otros, tal como mi derecho irrestricto a hacer ruido interfiere con el derecho de los demás a la tranquilidad.
Resulta, entonces, una contradicción admitir la restricción de algunos derechos, pero defender la absoluta libertad de comprar y poseer tierra. Esto es especialmente problemático en una nación en la que son muchos los que deben escoger entre comer, educarse, cuidar su salud o tener un techo digno.
Ricardo Gómez Fontana
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com