Los valores externadistas que enseñan en la casa de estudios de Ramiro Bejarano y mía llevan a rechazar de plano todo intento por quebrantar los principios republicanos. Sin embargo, también generan que se confronten las tesis y los argumentos que no son ciertos, como los expresados por Bejarano sobre la elección popular de alcaldes y gobernadores en su columna “El fantasma de la reelección”.
Según Bejarano, la elección de autoridades locales no trajo más democracia, mayor eficiencia administrativa ni transparencia. Las tres afirmaciones no tienen ningún sustento argumentativo, ha sucedido todo lo contrario.
Primero, la elección popular de alcaldes y gobernadores ha profundizado la democracia en el país. La participación de los ciudadanos en las elecciones de alcaldes de 1988 a 2000 fue del 50,3 %, mientras que en las últimas elecciones (2019) esta fue del 60,65 %. Igualmente, la participación para las elecciones de gobernadores entre 1991 y 2000 fue del 46,7 %, mientras que en las de 2019 fue del 61,28 %. Contrario a lo afirmado por Bejarano, las personas participan mucho más en política que lo que sucedía antes, cuando las autoridades eran elegidas por el Ejecutivo.
En el mismo sentido, es falsa la interpretación de Bejarano sobre una artimaña de los conservadores para aumentar su poder con la iniciativa que permitió las elecciones de autoridades locales. Sobre todo, es parcializado atribuirle tales motivos a Álvaro Gómez Hurtado cuando no hay ninguna prueba al respecto. Por el contrario, en las elecciones para gobernadores de 1991 el Partido Liberal obtuvo 17 de las gobernaciones, el Partido Social Conservador alcanzó tres y el Movimiento de Salvación Nacional (partido de Gómez) solo ganó una gobernación. Es decir, el gran beneficiado de esta elección regional fue, sin duda alguna, el Partido Liberal, no Álvaro Gómez.
Segundo, sobre la cuestión de la ineficiencia administrativa existen pocas pruebas que lo demuestren. La descentralización ha favorecido el proceso administrativo de las regiones. En un estudio realizado por varios autores para el Banco de la República se muestra que los ingresos de las alcaldías son cada vez más independientes. Es decir, estas generan cada vez más sus propios recursos. La tasa de crecimiento promedio anual entre 2002 y 2015 para los ingresos tributarios es de 8,0, mientras que la de transferencias es de 6,1. De igual manera, como lo muestra un estudio de Fedesarrollo, las alcaldías y las gobernaciones destinan la mayoría de sus recursos a inversión, entre 2011 y 2016 esta fue del 1,5 % del PIB, mientras que el gasto de funcionamiento fue del 0,03 %. Algo muy distinto a lo que sucede con el Gobierno nacional, que gasta la mayor parte de sus recursos en funcionamiento. Incluso, las entidades territoriales han tenido en los últimos años superávits que muestran una baja tendencia al endeudamiento, contrario a lo que sucede en el Gobierno.
Tercero, sobre la corrupción en las entidades territoriales queda poco por decir, el argumento es bastante flojo: ¿acaso no hay corrupción en el nivel central? ¿No son los políticos locales elegidos por partidos y estructuras nacionales los que se benefician de esa corrupción? Lastimosamente, la visión de Bejarano desconoce los logros clarísimos que la descentralización ha logrado; por el contrario, busca favorecer un modelo que fundamentó la Carta del 86 que tanto ha contrariado nuestra casa de estudios durante su historia.
Manuel Alejandro Pantoja Rodríguez
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