Gobernar sobre la ceniza de volcanes

Una vez más, los volcanes colombianos aparecen en la escena y, esta vez, trastocan la política nacional. Luego de las frecuentes emisiones de ceniza del volcán Puracé, el gobierno entrante se vio en la obligación de trasladar la sede de la posesión presidencial de Popayán a la ciudad de Cali. Este sutil acontecimiento geológico llega con perfecta sincronización para lanzar un mensaje al nuevo presidente, quien llega a dirigir un país bajo un discurso en contra de las instituciones públicas, incluso aquellas involucradas en la gestión del riesgo. En 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz acabó con la vida de aproximadamente 23.000 colombianos. En aquel entonces, la precaria capacidad de respuesta y la falta de articulación institucional por parte del Estado se convirtieron en la principal fuente de vulnerabilidad que derivó en la desaparición súbita de Armero y la pérdida de vidas en Chinchiná. Así es, no fue la naturaleza aleatoria de los volcanes o la magnitud de la erupción, no fue un designio divino ni un escenario imposible de evitar. Fue la vulnerabilidad institucional, fue la incapacidad de un gobierno impotente para actuar de forma coordinada y efectiva frente a la diversidad volcánica de su territorio.

El nuevo gobierno recibe un país con al menos 21 volcanes activos rodeados por cerca de un cuarto de la población colombiana y un volcán Puracé en estado de alerta naranja en constante cambio. Hoy más que nunca debemos hablar sobre los impactos que tendría para la población el posible deterioro de aquellas instituciones involucradas de alguna forma en la gestión del riesgo en Colombia. Una institucionalidad que desde 1985 ha dado saltos enormes en la mejora y creación de un sistema que vela por la reducción de impactos relacionados con la ocurrencia de eventos de origen geológico, climático y antrópico. Indudablemente, entidades como la UNGRD requieren mejoras y soluciones urgentes a los continuos escándalos de corrupción que la salpican. Sin embargo, la panacea no es la división ni el cierre de entidades. Mucho menos en un país agobiado por la desigualdad y amenazado por los innegables efectos del calentamiento global.

Las erupciones son acontecimientos naturales inevitables, en Colombia y todo el mundo. Lo que sí podemos controlar es la forma en que nuestras instituciones y población se adaptan y relacionan con ellos. Bajo este contexto, resulta crucial que como sociedad nos cuestionemos sobre las consecuencias que tienen en la generación de sociedades más vulnerables, el crecimiento de discursos negacionistas del cambio climático, el fortalecimiento de modelos económicos y políticos que refuerzan la brecha de desigualdad y la pérdida de derechos humanos.

Juan David Álvarez Silva

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