En los próximos días concluirá el primer debate PND, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas del Congreso.
Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno hay un frondoso follaje detrás del cual se oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle más del paisaje del mapa de Colombia. Derrotada la propuesta del DNP de regionalizar el país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (Iendog), que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”: Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquia y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas, la segunda clasificación, sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de todos los gobiernos.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste examinar casos extremos: mientras Chocó con el mayor nivel de NBI de 79,2% y menor ingreso personal ($3,4 millones) obtendrá el 1,4% de la inversión, Casanare, con tan sólo el 0,7% de la población, 35,5% de NBI y $40,7 millones de PIB per cápita, recibirá 2,4% de los recursos.
De otro lado, el Gobierno considera, como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40%) volcados hacia proyectos minero-energéticos, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad empresarial. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
Edilberto Rodríguez. Tunja.
