Vamos aprendiendo cómo es la estrategia publicitaria del Centro Democrático. En la elección de 2018, para alejar a los votantes indecisos de una posible inclinación por la candidatura de Petro, se calificó al candidato como “castro-chavista” y como seguramente la elección Biden –cuya candidatura también fue descalificada con el mismo término– le restó fuerza negativa a la expresión, ahora la corriente de Petro pasa a ser “petro-madurismo”. Además de la compra de votos y del mal manejo de los registros asociados al voto, los eslóganes mentirosos para desvirtuar la imagen de un contendor, lograron en 2018 resultados favorables al candidato del Centro Democrático. Logró así el expresidente Uribe continuar influyendo en la definición de políticas y nombramientos. Por supuesto, entre ellos el del actual fiscal general.
Igualmente, para orientar a los votantes hacia el no en el plebiscito del Acuerdo de Paz con las Farc-ep, el Centro Democrático recurrió al argumento de que votar a favor del acuerdo era aprobar la impunidad para los guerrilleros. No fueron relievados claros beneficios del acuerdo en pro de las víctimas, del desarme, del tránsito del estruendo de la violencia a la voz democrática para la conformación de las leyes en el Congreso, de la verdad, de la justicia transicional y la reparación en la Justicia Especial para la Paz. Este acuerdo nunca ha contado con el respaldo del expresidente Uribe y su partido político, pareciera que se prefiere el infructuoso combate con las armas, que continúen indefinidamente la violencia y las masacres contra los colombianos más indefensos. Producto de ello, el presidente Duque ofreció en campaña terminar con la JEP y una vez se posesionó hizo mucho por ponerle palos en la rueda a esta institución –por ejemplo, con objeciones por inconstitucionalidad a un proyecto de ley estatutaria de la JEP, ya declarado conforme a la Constitución por la Corte Constitucional–. Todo lo vivido al respecto en este gobierno no ha sido bien calificado por organismos internacionales de derechos humanos.
Ahora, como en las encuestas sobre las preferencias de candidatos para las elecciones del 2022 se presenta a Sergio Fajardo como el candidato que después de Petro tendría la mayor opción para llegar a la Presidencia, entonces hay que acabar con su imagen y así, continuarán llamando a declarar en la Fiscalía, uno a uno, a quienes vayan surgiendo como candidatos en la oposición o sea a quienes formen parte de los pactos de izquierda y/o centro, porque unidos pueden acabar con el poder de la extrema derecha. Igualmente, la Procuraduría continuará atenta a ver cómo inhabilita a los alcaldes y gobernantes elegidos por fuerzas políticas diferentes al Centro Democrático. Reflexionemos sobre para qué sirve la concentración del poder del Gobierno actual, con los entes de control a su favor: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
El argumento para acusar a Sergio Fajardo, de haber afectado la situación fiscal de Antioquia por haber contratado un préstamo en dólares con el Banco Corpbanca –hoy Itaú– en el 2016, sin adivinar que acaecería una abrupta devaluación a partir de 2017, consecuencia de la baja en los precios del petróleo, y sin haber cubierto este riesgo, sería equivalente a acusarlo de haber enriquecido ilícitamente al departamento en el caso hipotético de una revaluación. ¿Cómo piensa la Fiscalía probar el dolo –la voluntad maliciosa de engañar a sabiendas– a partir de una investigación absurda que parte de suponer que el gobernador ha debido contar con una bola de cristal que permitiera predecir el futuro?
Debemos recordar otra actitud diferente del Estado cuando durante las administraciones Samper y Pastrana se dieron devaluaciones de dos dígitos de un día para otro, lo que afectó a muchas empresas que tenían pendientes pagos al exterior por concepto de importaciones o créditos adquiridos en moneda extranjera. Muchas empresas quebraron y ante el riesgo de gravísima afectación del sector financiero, este fue favorecido con apoyos originados en el recaudo del impuesto del 2x1.000 a los retiros bancarios. Fueron muchos los empresarios favorecidos con la ayuda, que reconoció una realidad imprevisible. Ante la crisis, a nadie se le acusó de no haber tenido la precaución de tomar seguros de riesgo de devaluación.
En esta Semana Santa que pasó, en la cual fuimos invitados a la reflexión que perdura y al perdón, encontramos dos actitudes diferentes: quienes quieren continuar con la guerra, “porque el que la hace la paga”, así sea por no contar con una bola de cristal, y los colombianos que deseamos vivir en paz, en una sociedad inclusiva y equitativa.
En contraste con los diferentes momentos en que los rebeldes se han desmovilizado y pedido perdón a los colombianos, en los que cada exguerrillero admitido en la JEP tendrá un momento para pedir perdón y contar la verdad individualmente ante sus víctimas, políticos de la extrema derecha siguen sin reconocer la parte de la culpa que tiene el Estado colombiano por la inequidad y la injusticia social. Siguen además sin reconocer que el “proceso acusatorio y de castigo” tradicional difícilmente llega a la justicia oportuna, en gran parte porque se desgasta en abrir y abrir frentes de investigación sin sentido –como en el caso de Fajardo–, en lugar de concentrase en todos los procesos que han abierto y no avanzan.
No se comprende cómo el Centro Democrático logró el respaldo de las iglesias cristianas, cuando el primero parece respaldar esta política de guerra y destrucción del buen nombre de las personas, que no permite a los colombianos vivir tranquilamente en este bello país, con justicia y en paz, y las segundas promulgan las virtudes que destaca el Evangelio.
Felices Pascuas,
Beatriz Carrillo de Ruiz. Abuela de 85 años.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Vamos aprendiendo cómo es la estrategia publicitaria del Centro Democrático. En la elección de 2018, para alejar a los votantes indecisos de una posible inclinación por la candidatura de Petro, se calificó al candidato como “castro-chavista” y como seguramente la elección Biden –cuya candidatura también fue descalificada con el mismo término– le restó fuerza negativa a la expresión, ahora la corriente de Petro pasa a ser “petro-madurismo”. Además de la compra de votos y del mal manejo de los registros asociados al voto, los eslóganes mentirosos para desvirtuar la imagen de un contendor, lograron en 2018 resultados favorables al candidato del Centro Democrático. Logró así el expresidente Uribe continuar influyendo en la definición de políticas y nombramientos. Por supuesto, entre ellos el del actual fiscal general.
Igualmente, para orientar a los votantes hacia el no en el plebiscito del Acuerdo de Paz con las Farc-ep, el Centro Democrático recurrió al argumento de que votar a favor del acuerdo era aprobar la impunidad para los guerrilleros. No fueron relievados claros beneficios del acuerdo en pro de las víctimas, del desarme, del tránsito del estruendo de la violencia a la voz democrática para la conformación de las leyes en el Congreso, de la verdad, de la justicia transicional y la reparación en la Justicia Especial para la Paz. Este acuerdo nunca ha contado con el respaldo del expresidente Uribe y su partido político, pareciera que se prefiere el infructuoso combate con las armas, que continúen indefinidamente la violencia y las masacres contra los colombianos más indefensos. Producto de ello, el presidente Duque ofreció en campaña terminar con la JEP y una vez se posesionó hizo mucho por ponerle palos en la rueda a esta institución –por ejemplo, con objeciones por inconstitucionalidad a un proyecto de ley estatutaria de la JEP, ya declarado conforme a la Constitución por la Corte Constitucional–. Todo lo vivido al respecto en este gobierno no ha sido bien calificado por organismos internacionales de derechos humanos.
Ahora, como en las encuestas sobre las preferencias de candidatos para las elecciones del 2022 se presenta a Sergio Fajardo como el candidato que después de Petro tendría la mayor opción para llegar a la Presidencia, entonces hay que acabar con su imagen y así, continuarán llamando a declarar en la Fiscalía, uno a uno, a quienes vayan surgiendo como candidatos en la oposición o sea a quienes formen parte de los pactos de izquierda y/o centro, porque unidos pueden acabar con el poder de la extrema derecha. Igualmente, la Procuraduría continuará atenta a ver cómo inhabilita a los alcaldes y gobernantes elegidos por fuerzas políticas diferentes al Centro Democrático. Reflexionemos sobre para qué sirve la concentración del poder del Gobierno actual, con los entes de control a su favor: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
El argumento para acusar a Sergio Fajardo, de haber afectado la situación fiscal de Antioquia por haber contratado un préstamo en dólares con el Banco Corpbanca –hoy Itaú– en el 2016, sin adivinar que acaecería una abrupta devaluación a partir de 2017, consecuencia de la baja en los precios del petróleo, y sin haber cubierto este riesgo, sería equivalente a acusarlo de haber enriquecido ilícitamente al departamento en el caso hipotético de una revaluación. ¿Cómo piensa la Fiscalía probar el dolo –la voluntad maliciosa de engañar a sabiendas– a partir de una investigación absurda que parte de suponer que el gobernador ha debido contar con una bola de cristal que permitiera predecir el futuro?
Debemos recordar otra actitud diferente del Estado cuando durante las administraciones Samper y Pastrana se dieron devaluaciones de dos dígitos de un día para otro, lo que afectó a muchas empresas que tenían pendientes pagos al exterior por concepto de importaciones o créditos adquiridos en moneda extranjera. Muchas empresas quebraron y ante el riesgo de gravísima afectación del sector financiero, este fue favorecido con apoyos originados en el recaudo del impuesto del 2x1.000 a los retiros bancarios. Fueron muchos los empresarios favorecidos con la ayuda, que reconoció una realidad imprevisible. Ante la crisis, a nadie se le acusó de no haber tenido la precaución de tomar seguros de riesgo de devaluación.
En esta Semana Santa que pasó, en la cual fuimos invitados a la reflexión que perdura y al perdón, encontramos dos actitudes diferentes: quienes quieren continuar con la guerra, “porque el que la hace la paga”, así sea por no contar con una bola de cristal, y los colombianos que deseamos vivir en paz, en una sociedad inclusiva y equitativa.
En contraste con los diferentes momentos en que los rebeldes se han desmovilizado y pedido perdón a los colombianos, en los que cada exguerrillero admitido en la JEP tendrá un momento para pedir perdón y contar la verdad individualmente ante sus víctimas, políticos de la extrema derecha siguen sin reconocer la parte de la culpa que tiene el Estado colombiano por la inequidad y la injusticia social. Siguen además sin reconocer que el “proceso acusatorio y de castigo” tradicional difícilmente llega a la justicia oportuna, en gran parte porque se desgasta en abrir y abrir frentes de investigación sin sentido –como en el caso de Fajardo–, en lugar de concentrase en todos los procesos que han abierto y no avanzan.
No se comprende cómo el Centro Democrático logró el respaldo de las iglesias cristianas, cuando el primero parece respaldar esta política de guerra y destrucción del buen nombre de las personas, que no permite a los colombianos vivir tranquilamente en este bello país, con justicia y en paz, y las segundas promulgan las virtudes que destaca el Evangelio.
Felices Pascuas,
Beatriz Carrillo de Ruiz. Abuela de 85 años.
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