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En la edición de El Espectador del 22 de diciembre pasado, página seis (6), sección política, aparece un comentario periodístico titulado: “Un país de elecciones atípicas”.
Allí se incluye mi nombre, cuando ejercí como gobernador de Arauca, cuya señalización destaco textualmente:
“La corrupción y las relaciones con grupos armados al margen de la ley son los principales motivos para la salida de gobernadores del país”.
Frente a lo anterior debo manifestar a usted que nunca jamás he tenido vinculación directa o indirecta con esos grupos delictivos, sean guerrilla, paramilitares o delincuencia común.
Tampoco mi salida obedece a un acto de corrupción administrativa, como allí se señala, sino que ocurrió por una interpretación excluyente de la Ley 617 de 2000, al haber realizado una supuesta gestión ante la Gobernación de Arauca dentro del año anterior a la elección.
Después de haber transcurrido más de dos años de la dejación del cargo, no he recibido ninguna citación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En la Procuraduría existen algunas preliminares, que en mi opinión solamente obedecen a vicios de forma, por lo cual la mayoría de investigaciones ya han sido archivadas.
A propósito, el Plan de Desarrollo que presenté durante mi gestión a la Asamblea Departamental de Arauca fue catalogado como el cuarto mejor plan del país, calificación ésta que adelantó Planeación Nacional. Nunca en la historia petrolera de Arauca se había dado este tipo de calificación, que evidencia la seriedad con que se elaboró la ruta administrativa para este cuatrienio.
Sigo viviendo en Arauca, dedicado a mis labores personales y dispuesto a acudir ante cualquier organismo para responder por mi conducta como gobernador, cuando así lo consideren necesario las autoridades competentes.
Freddy Forero Requiniva. Arauca.
Fe de erratas
En el editorial del martes 25 de enero se asegura que de las 28 mil botellas de licor que ingresan al país, 22 mil lo hacen de contrabando. Las cifras correctas son 28 y 22 millones. Por esta razón las finanzas públicas dejan de recibir cerca de $1 billón anuales.
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