Por años, la Zona Franca de Palmaseca ha sido el motor logístico del suroccidente colombiano. Genera más de 7.000 empleos directos e indirectos, con inversiones por más de $46.000 millones. Sin embargo, su régimen especial está al borde del abismo. ¿La razón? Una serie de licitaciones declaradas desiertas para escoger nuevo operador, ante condiciones impuestas por el Ministerio de Comercio consideradas inviables: un canon 700 % más alto y ajustes anuales de IPC + 3 %.
En contraste con otras zonas francas, que enfrentaron aumentos de contratos, Palmaseca no corrió con la misma suerte: nadie se presentó. El gobierno argumenta que hubo ajustes, mesas de negociación y transparencia. Pero los empresarios no se convencen: “imposibles” y “leoninas” fueron las palabras usadas por Luis Fernando Sardi, Edinson Serrano y gremios del Valle.El tiempo corre: la licencia actual vence este 31 de julio de 2025 y de no adjudicarse un nuevo operador, se pierde el régimen franco. Las consecuencias serían dramáticas: desempleo, menor inversión, caída en exportaciones y un nuevo golpe económico para una región que ya lidia con múltiples retos.Más allá de cifras y plazos, este caso ilustra un choque de visiones: un Estado que busca retomar el control sobre beneficios fiscales históricos para maximizar recursos nacionales; y una región que defiende su modelo económico, basado en zonas francas como ejes de empleo, inversión e internacionalización.Si Petro quiere fortalecer su proyecto de transformación económica, debe construir consenso. La Zona Franca de Palmaseca no es solo un activo logístico: es un símbolo de la confianza entre el Estado, los empresarios y la región. Palmaseca no es solo una zona franca. Es el símbolo de una región que produce, exporta, genera empleo y cree en Colombia. Si la apagan, lo que se extingue no es un régimen tributario: es la confianza empresarial en un país que necesita cada vez más de quienes generan, no de quienes bloquean.
Daniela Gutiérrez Castro
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