En las últimas semanas se ha tratado de dar un debate sobre la política carcelaria, a raíz del proyecto de ley que cursa en el Congreso, en donde se otorgan algunos beneficios a los internos. La visión de la Fiscalía es diametralmente opuesta a la que manifestó el anterior ministro de Justicia, que por fortuna coincide con la opinión del nuevo ministro. Mientras se construyen cárceles que den albergue a 20.000 internos para descongestionar los actuales establecimientos, es imperativo modificar la política carcelaria, que es una afrenta a la condición humana, a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Por el hecho de haber cometido un delito no se puede someter a los internos a unas condiciones de hacinamiento como las que se viven en los principales establecimientos, en donde es necesario pagar para tener un espacio en el suelo donde poder dormir unas horas. Hay dos grandes responsables de este hacinamiento. Primero, la impunidad, que lleva a que las personas corran el riesgo de delinquir porque saben que la probabilidad de condena es menos del 5%, y segundo, el afán de los fiscales de dictar medida de aseguramiento en todas y cada una de las audiencias de imputación de cargos, aun si el indiciado no es un peligro para la sociedad. Para la Fiscalía es mucho más cómodo llevar a cabo juicios con personas detenidas preventivamente, ya que esa condición les impide preparar su defensa con todos los elementos que dispondría un indiciado en libertad. Se dice que el 40% de los internos son personas con medida de aseguramiento que no se pueden defender en libertad y que estarían en “desigualdad de armas”, como se dice en la jerga penal, frente a la artillería de la Fiscalía.
Mientras la Fiscalía pide cárcel por todo delito, el Ministerio pide que se apliquen otras medidas que no sean necesariamente la privación de la libertad y que permitan socializar al encartado.
Dice el fiscal que hay más de 120.000 audiencias represadas, es decir, 120.000 posibles indiciados más con medida de aseguramiento. Si los fiscales imputan cargos sin llevar a la cárcel a personas que no son una amenaza para la sociedad, el problema carcelario se podría ir solucionando con el tiempo.
Mientras se siga aplicando la política del fiscal, nunca habrá cárceles suficientes y la violación, no sólo física sino también de los derechos humanos y de la dignidad humana, será el pan de cada día en los establecimientos carceleros.
Roberto Moreno Z.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.
En las últimas semanas se ha tratado de dar un debate sobre la política carcelaria, a raíz del proyecto de ley que cursa en el Congreso, en donde se otorgan algunos beneficios a los internos. La visión de la Fiscalía es diametralmente opuesta a la que manifestó el anterior ministro de Justicia, que por fortuna coincide con la opinión del nuevo ministro. Mientras se construyen cárceles que den albergue a 20.000 internos para descongestionar los actuales establecimientos, es imperativo modificar la política carcelaria, que es una afrenta a la condición humana, a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Por el hecho de haber cometido un delito no se puede someter a los internos a unas condiciones de hacinamiento como las que se viven en los principales establecimientos, en donde es necesario pagar para tener un espacio en el suelo donde poder dormir unas horas. Hay dos grandes responsables de este hacinamiento. Primero, la impunidad, que lleva a que las personas corran el riesgo de delinquir porque saben que la probabilidad de condena es menos del 5%, y segundo, el afán de los fiscales de dictar medida de aseguramiento en todas y cada una de las audiencias de imputación de cargos, aun si el indiciado no es un peligro para la sociedad. Para la Fiscalía es mucho más cómodo llevar a cabo juicios con personas detenidas preventivamente, ya que esa condición les impide preparar su defensa con todos los elementos que dispondría un indiciado en libertad. Se dice que el 40% de los internos son personas con medida de aseguramiento que no se pueden defender en libertad y que estarían en “desigualdad de armas”, como se dice en la jerga penal, frente a la artillería de la Fiscalía.
Mientras la Fiscalía pide cárcel por todo delito, el Ministerio pide que se apliquen otras medidas que no sean necesariamente la privación de la libertad y que permitan socializar al encartado.
Dice el fiscal que hay más de 120.000 audiencias represadas, es decir, 120.000 posibles indiciados más con medida de aseguramiento. Si los fiscales imputan cargos sin llevar a la cárcel a personas que no son una amenaza para la sociedad, el problema carcelario se podría ir solucionando con el tiempo.
Mientras se siga aplicando la política del fiscal, nunca habrá cárceles suficientes y la violación, no sólo física sino también de los derechos humanos y de la dignidad humana, será el pan de cada día en los establecimientos carceleros.
Roberto Moreno Z.
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