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Pese a las secuelas derivadas de la catástrofe invernal el Gobierno nacional exhibe un optimismo desbordante.
Contrario a la cautelosa proyección de la Jefatura del DNP sobre el crecimiento de la economía en 2011, calculado en 4,5%, el presidente Santos ha anunciado que no será inferior a 5%. Estos pronósticos se alinean con la trayectoria seguida por la economía colombiana en la década pasada, cuando ésta tuvo un ritmo de 4%, pero están desfasadas de las cifras que se anticipan para 2010, que estarán por debajo de ese nivel y de los estimativos consignados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que cobija el periodo 2010-2014, antes de ocurrido el invierno.
Para los expertos del DNP, el desempeño de los sectores jalonadores del crecimiento económico, denominados “locomotoras”, oscilará entre 4,8 y 6,2%, fluctuando entre el sector de menor dinamismo, la minería, y el de mayor, la innovación en C&T. Es curioso que los sectores sobre los cuales se fundamenta la aceleración del crecimiento económico sean los que han soportado las mayores devastaciones del desastre invernal: la agricultura anegada, la infraestructura averiada, la minería depredada y la vivienda “en el aire”. Las premisas de un rápido crecimiento económico que giran alrededor de estos lastrados sectores han llevado a que los promotores del Plan de Desarrollo hayan revisado las proyecciones, involucrando los nocivos efectos de este evento, de manera que prevalece cierta prudencia en lugar de un infundado optimismo. Por supuesto que las consecuencias se traducirán en menor empleo en el cuatrienio, mayor informalidad y rebrote de la pobreza, vasos comunicantes que no podrán aislarse en la profusión de declaraciones gubernamentales. Se ha dicho, insistentemente, que toda crisis genera oportunidades, pero éstas no podrán materializarse si la retórica oficial no va acompañada de una estrategia concreta, que no sea un placebo sino acciones que remuevan las causas —asociadas a la imprevisión y negligencia por omisión— que desencadenaron este desgarrador drama que se suma al desplazamiento forzado, cuya matriz es el insoluble conflicto interno colombiano. Es la oportunidad de sustituir un modelo de desarrollo basado en la depredación de los recursos naturales (lo sucedido obliga a repensar la presunta bonanza minero-energética, sustentada ya sea en la explotación agenciadas por las firmas transnacionales o por los perseguidos mineros informales). No sólo los ilegales son depredadores.
Los costos de la llamada “reconstrucción” que alteraron el ordenamiento del territorio de gran parte de las regiones del país podrían elevar los guarismos de la inversión pública en los próximos cuatro años a los $500 billones, lo cual exige un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno central para acometer la “refundación” de muchas poblaciones sin la reproducción de sus agobiante problemas estructurales.
Edilberto Rodríguez Araújo. Director Cenes, UPTC. Bogotá.
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