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En su ensayo “Oro ilegal: el nuevo germen de la violencia regional” (El Espectador, febrero 6 de 2026) nos informa la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas del daño enorme que causa la minería ilegal a la sociedad, a la economía y a la naturaleza del departamento de Tolima, sin dejar de reconocer que este no es un problema aislado de su departamento sino que representa “una amenaza directa a la seguridad nacional”.
En su columna, la gobernadora Matiz informa del número de minas intervenidas, de máquinas deshabilitadas, de hectáreas afectadas, datos seguramente necesarios para entender la magnitud del problema. Desafortunadamente, omitió considerar el dato más importante: ¿cuántas familias tolimenses derivan su sustento de esa actividad?
Dato que abre la puerta a nuevas preguntas. Entre ellas: ¿Dónde estaba el Estado cuando era ésta una industria incipiente? ¿Por qué se permitió su crecimiento al punto en que resulta imposible combatirla sin afectar la supervivencia de un número seguramente grande de familias? Y cuando de hecho se empieza a combatir, como cuando se bombardean instalaciones o se deshabilita la maquinaria, como relata la gobernadora, ¿qué pasa con las familias que quedan sin ese trabajo?
Pero la desconexión entre el establecimiento político y la sociedad colombiana no se limita a desestimar la brecha enorme que existe entre las políticas de lucha contra el crimen organizado y la realidad social y laboral, sino que además se expresa en las inocentes preguntas de la gobernadora: “¿cómo llegó hasta allí semejante maquinaria?, ¿por cuántos controles pasó?, ¿cuántos silencios la hicieron posible?”.
Por arte de magia, señora gobernadora, por arte de magia. Y de la misma manera fueron haciéndose unos huecos enormes en los montes a donde empezaron a llegar esas máquinas y empezaron a surgir campamentos a los que llegaron miles de trabajadores sin que las autoridades lo notaran. Sin que nadie preguntara ni investigara.
Y entonces surgen otras preguntas. ¿Por qué las actividades ilegales atraen a tantos trabajadores? ¿Hasta cuándo las oportunidades laborales para los colombianos menos privilegiados estarán dominadas por las actividades ilegales? Paralelamente, a las actividades diseñadas para combatir las actividades ilegales: las empresas de seguridad (un monstruo creado para devorar a otro monstruo). Es así como frente a la puerta de cada empresa, de cada oficina, de cada edificio, de cada bodega se encuentran parados hombres y mujeres que pasan el día entero sin hacer absolutamente nada. Mirando quién entra y quién sale. Sin producir, sin aprender, sin desarrollar su potencial, sin oportunidades de avanzar (el ejército es otro tema).
Mientras en muchos países los gobiernos se preocupan por educar a sus jóvenes, en invertir para crear industria, en desarrollar el campo, en Colombia permanecemos cautivos a un sistema tan centrado en el cumplimiento de requisitos arbitrarios, en la exigencia de documentos inanes y en la extorsión de tarifas exorbitantes, que termina desconectado de la realidad nacional, cerrando el paso a empresas que quieren ser legales, entregando así los trabajadores a las ilegales.
Ricardo Gómez Fontana, Guapi, Cauca
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