Aunque debiera causar esperanza y alegría, si se piensa un poco más, no es posible ignorar la injusticia implícita en el acuerdo del gobierno con el grupo Comuneros del Sur (Renta básica por dos años y participación política: Así será reincorporación para Comuneros del Sur, Redacción Colombia +20, El Espectador, 31 de julio de 2025), injusticia no diferente a la que acompañó el acuerdo del presidente Santos con las FARC y a la que resultaría de acuerdos que pudieran firmarse dentro del plan de Paz Total del presidente Petro.
No quiere decir esto que sea la guerra o la aniquilación de unos ciudadanos que eligieron un camino equivocado la solución a la crisis actual. La intención es resaltar la injusticia incorporada en un plan que debería cobijar a todos los colombianos en condición de vulnerabilidad pero que solamente estará disponible para aquellos tan desesperados (¿tan arriesgados?, ¿tan ignorantes?) que decidieron que matar soldados y aterrorizar a sus propias comunidades les ofrecía un camino para salir de la miseria. Esta injusticia se agrava si se considera la posibilidad de que algunos de los beneficiarios del acuerdo hayan evaluado la utilidad que les traería invertir unos años en una aventura, arriesgada sí, pero que podría terminar rindiendo utilidades mayores de las que obtendrían en el mercado legal.
No creo que sea yo el único colombiano a quien le han dicho que se baje de esa nube cuando ha propuesto un plan que, como este acuerdo, “combine ingresos básicos asegurados, seguridad social, educación y participación democrática”, que incluya “procesos de formación para el trabajo, acompañamiento psicosocial, participación en espacios comunitarios y avances en proyectos de emprendimiento” y “herramientas para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios” además de “la entrega de capital semilla para iniciativas productivas de base comunitaria o familiar”. Ni creo ser el único colombiano que se pregunte por qué es necesario recurrir a un fusil para llamarle la atención al gobierno y conseguir que se interese de veras en el bienestar, la salud, la educación y el desarrollo de todos.
Un toque de realidad tampoco le caería mal al acuerdo por firmarse. De acuerdo con Confecámaras, entre el 20 y el 30 % de las empresas creadas en Colombia fracasan en su primer año y sólo el 33 % sobreviven los primeros cinco años. Si esto es cierto cuando el capital semilla representa un riesgo para sus inversionistas, ¿qué puede esperarse cuando este capital es gratuito y sus administradores son ciudadanos con mínima experiencia en el mercado laboral y cero conocimiento del manejo del dinero? ¿Cómo van a reaccionar estos emprendedores cuando vean que sus empresas no les proporcionan los beneficios que soñaron?
Estas consideraciones no me impiden regresar a mi nube y pensar que llegará el día en que elijamos un líder soñador a la vez que pragmático y conocedor de la realidad colombiana, un líder que logre diseñar un acuerdo que tenga claridad como la que parece tener el acuerdo aquí mencionado pero que acoja a todos los colombianos.
Ricardo Gómez Fontana
Guapi, Cauca
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