Respuesta a William Ospina

Estimado William Ospina:

Ante todo, permítame manifestarle mi admiración como escritor y periodista. Su obra ha contribuido de manera decisiva a enriquecer el pensamiento crítico del país y a elevar el debate público más allá de la consigna y la coyuntura.

Deseo compartir algunas reflexiones a propósito de su columna del domingo 4 de enero, no desde la simple confrontación, sino desde el respeto intelectual que su escritura me suscita.

Su texto refleja con agudeza una realidad que las élites colombianas, en su arrogancia e ignorancia –porque una conduce inevitablemente a la otra–, parecen no haber advertido. Algunas, quizá más sagaces o menos ignorantes, probablemente sí se han percatado de ella, pero su orgullo, como una cuarta variable, les impide corregir el rumbo. Así, la arrogancia se retroalimenta y el círculo se hace infinito.

Ahora bien, cuando usted afirma que la élite ha comprado votos con sus propios recursos, considero que incurre en una imprecisión. La élite colombiana, históricamente, no ha invertido un solo peso propio en la compra de votos. Esos recursos han provenido, una y otra vez, de contratos con la Nación, de la captura del Estado y de la apropiación sistemática de lo público. Esa distinción no es menor.

Que el proyecto del progresismo no le parezca democrático, ni lúcido, ni generoso es una apreciación legítima, pero creo que es una discusión que merece hacerse con un café bien filtrado y con tiempo, porque ahí hay matices que no caben del todo en una columna.

Usted también señala que halagar al pueblo mediante gestos populistas es una conducta reprochable. Desde la reflexión ética, el debate es válido. Sin embargo, conviene recordar que ese tipo de prácticas son legales dentro del régimen representativo que Colombia ha elegido y que, de manera quizá equivocada, seguimos llamando democrático. Si se quisiera acabar con esas distorsiones, algún día habrá que pensar seriamente en una constituyente que reemplace o corrija ese modelo.

Donde sí me permito disentir con mayor claridad es cuando usted afirma que este gobierno halaga la corrupción. Que exista corrupción en el gobierno es innegable; allí donde hay seres humanos y regímenes representativos, la corrupción aparece. Pero si algo ha caracterizado a este gobierno es, precisamente, no alentarla. Esa, me temo, es una de las razones centrales por las cuales ciertos sectores de la élite han intentado desmontarlo desde el primer día.

No haré referencia a la burocracia ni al derroche, porque es evidente que el propio diseño del sistema representativo los produce y los reproduce casi de manera automática. Por tal razón, me adhiero a su pensamiento.

En relación con el asistencialismo, tampoco comparto su postura. Cuando la desigualdad es tan profunda, cuando la brecha entre ricos y pobres resulta moralmente aberrante, y cuando una élite se apropió del país durante seis décadas, no quedan demasiadas alternativas inmediatas. No es una solución estructural, pero sí una respuesta de emergencia.

Otro punto que considero merece una reconsideración es el hecho de que muchas de las propuestas del presidente Petro han sido sistemáticamente bloqueadas por el Congreso. No porque no contribuyan a la transformación del país, sino porque una oposición “egoísta y mezquina, acostumbrada a gobernar durante décadas mediante recursos abiertamente antidemocráticos”, se ha negado a permitir cualquier cambio sustantivo. Aun así, los indicadores actuales, sin ser espectaculares, distan de ser despreciables, aunque todavía no permitan un crecimiento acelerado.

Usted señala con razón la facilidad de elegir su sucesor. A sus argumentos añadiría que esa dificultad también es consecuencia directa de nuestra democracia representativa, viciosa y mal diseñada, que impide la continuidad de proyectos políticos transformadores y le da continuidad a los que no.

Finalmente, cuando afirma que el gobierno puede reformar la Constitución, considero necesario precisar: una cosa es la iniciativa política y la estrategia legítima dentro del marco institucional, y otra muy distinta es reformar la Constitución por fuera de la ley. En todo caso, es innegable que la Constitución de 1991, con más de 50 reformas, ya no responde plenamente a las necesidades actuales del país. Basta pensar en las pérdidas sufridas por litigios internacionales, como en el caso del mar de San Andrés, o en aspectos estructurales como el número de congresistas y sus salarios, por mencionar solo algunos.

Con todo, creo que el gobierno de Gustavo Petro constituye un hito en la historia política colombiana, al haber quebrado, al menos parcialmente, ese estamento elitista del que usted habla con tanta lucidez. Y pienso que figuras como Iván Cepeda podrían darle continuidad a ese quiebre y encaminar al país hacia ese horizonte que usted mismo describe en su artículo.

Reciba un cordial saludo y mi respeto intelectual.

Armando Cuervo Vanegas

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