El costo del progreso: cuando la burocracia detiene las soluciones sociales

En su afán por resolver problemas sociales urgentes, a veces los gobiernos se ven tentados a tomar atajos autoritarios que erosionan derechos y libertades. Argumentan que la ineficiente burocracia y el estado de derecho obstaculizan soluciones rápidas que la gente necesita ya. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que el fin no siempre justifica los medios. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Socavar instituciones democráticas tiene consecuencias desastrosas a mediano y largo plazos, agravando la crisis original que se pretendía atacar con mano dura.

Países como Venezuela y El Salvador ilustran trágicamente este fenómeno. Sus gobiernos adoptaron medidas extremas que inicialmente parecieron efectivas, pero luego fracasaron estrepitosamente al erosionar el Estado de derecho.

En aras de la justicia social y acabar con la desigualdad, el régimen chavista en Venezuela expropió empresas, imprimió dinero inorgánico y eliminó la independencia de poderes. Pero lejos de resolver el problema, destruyeron la economía: hoy se estima que el 90 % de los venezolanos viven en pobreza, cuando antes eran relativamente prósperos.

Del mismo modo en El Salvador, en su afán por frenar la violencia criminal de las pandillas, el presidente Bukele impuso un polémico régimen de excepción, con encarcelamientos masivos sin proceso judicial. Si bien logró reducir inicialmente los homicidios, organismos internacionales advierten sobre crecientes violaciones a derechos humanos que amenazan con revertir cualquier ganancia.

¿Significa esto que debemos aceptar pasivamente la burocracia y el estancamiento social en aras de las libertades individuales? De ninguna manera. Pero la historia demuestra que el verdadero progreso es aquel logrado mediante instituciones sólidas, estado de derecho y políticas sociales efectivas. Tomará más tiempo y esfuerzo que las recetas autoritarias, pero es la única forma sostenible de mejorar una sociedad sin socavar derechos fundamentales en el proceso. Después de todo la dignidad y libertad humanas deben estar en el centro del concepto mismo de progreso.

Lo vemos en países asiáticos, como Corea del Sur, Singapur o más recientemente China. Implementando reformas graduales y fortaleciendo sus democracias han conseguido enormes avances económicos y sociales en las últimas décadas. Demostrando que no hay atajo cuando se trata de derechos humanos: es la inversión patente en las personas lo que eleva a las naciones.

Así debe ser también en Latinoamérica y Colombia. La única forma legítima y efectiva de lograr la anhelada “paz total” es mediante instituciones sólidas, imparciales y transparentes que canalicen los esfuerzos y las aspiraciones populares. Todo lo demás tendrá costos insospechados que terminarán exacerbando los problemas originales.

Es tentador buscar chivos expiatorios y pensar que la burocracia es el enemigo del progreso. Pero debilitar el estado de derecho solo empodera a tiranos y déspotas. La verdadera prosperidad de los pueblos reside en sus libertades fundamentales intocables. Ahí debe estar el norte de cualquier gobernante bien intencionado.

Andrés F. Posso Villa

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