Sobre Carolina Sanín y un editorial

Con desconcierto leí el editorial del día 29 de enero, en el que se critica severamente la sentencia de la Corte Constitucional que resolvió la acción de tutela interpuesta por Carolina Sanín en contra de la Universidad de los Andes por su despido en el año 2016.

El editorial prescinde enteramente del marco fáctico en el que se inscribió la controversia y, a partir de este desconocimiento, afirma erróneamente que la terminación unilateral del contrato laboral se produjo por las denuncias de la señora Sanín por la violencia de género de la que habría sido víctima en el grupo Los Chompos, ante la cual la institución habría permanecido indiferente. El editorial ignora que muchas de las publicaciones de Sanín que errónea y antitécnicamente se denominan “censuradas” no solo fueron anteriores temporalmente al incidente con el grupo Los Chompos, sino que, además, no guardan ninguna relación con denuncias de violencia de género ni con el ejercicio de la crítica, el disenso y el debate. Corresponden, por el contrario, a descalificaciones, insultos y a actos de intimidación contra miembros de la comunidad académica, incluyendo a los propios estudiantes: “Ayer en la universidad, antes de clase, vi a unas estudiantes al sol que jugaban a las cartas en una mesita. Creo que en mis 11 años de docencia no había visto una imagen más deprimente de la vida universitaria. Hasta habría preferido verlas encendiéndose a patadas, amamantando a un cachorro de plástico, haciendo concurso de eructos, criando animales venenosos para luego metérmelos en la sopa, robando billeteras, tejiéndose chores de lana, rompiendo excusados, atarugándose de comida para luego vomitar o drogándose. Pero ser joven y usar el tiempo libre en jugar al naipe, ¡la decrepitud!”. Romantizando la imagen de la señora Sanín, el editorial disfraza los ataques personales, las injurias y las burlas infundadas e impertinentes de la docente a las estudiantes universitarias, calificándolas como denuncias de acoso y de violencia de género, y como ejercicios críticos que alimentan el debate y la reflexión sobre asuntos de interés público. ¿En nombre de la igualdad de género y de la libertad de expresión las universidades están obligadas a mantener la vinculación con personas que, como la señora Sanín, en su condición de docentes ridiculizan, atacan y agravian públicamente a los estudiantes?

En contraste, el editorial guarda discreto silencio sobre la conciliación que se surtió entre la docente y la institución universitaria, en desarrollo de la cual, a cambio de una generosa suma de dinero, aquella renunció a las pretensiones económicas originadas en su despido, que hacían parte de la acción de tutela revisada por la Corte. Igualmente, guarda prudente reserva sobre las severas medidas adoptadas por la institución universitaria frente a los estudiantes que integraban el grupo Los Chompos, y frente al apoyo jurídico y operativo brindado a la profesora cuando se produjeron las publicaciones de tal agrupación.

Flaco favor hace este editorial a la igualdad de género y a la libertad de expresión cuando trivializa problemáticas reales de gran calado, haciendo eco de los arrebatos infundados de una figura pública.

Claudia Escobar.

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