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El pasado 10 de julio, Juan Camilo Merlano, corresponsal de Caracol Noticias en Washington, publicó en X: “Mucho ojo de cara al 28 de julio con la lectura de sentencia a Uribe, más en un contexto en el que vimos que Trump impuso 50 % de aranceles a Brasil por juicio a Bolsonaro”.
Ese mismo día, Bernie Moreno escribió en la misma red: “Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe”.
Qué terror, ¿no? Tener que preocuparnos, como colombianos, por lo que podría suceder si nuestro Estado, en cumplimiento de sus funciones, declara a alguien culpable (o no) por un posible delito cometido en Colombia, con ciudadanos colombianos y bajo el sistema judicial colombiano.
Esta no es una columna que intente decir si el expresidente es culpable o inocente, porque, en cualquier caso, eso es labor de la justicia. Y si quisiera dar una opinión, no he visto los juicios ni las pruebas más allá del contexto mínimo. Eso me impide a mí —y estoy seguro de que al 99 % de los colombianos— dar una opinión responsable e informada.
Esta, en cambio, sí es una columna que invita a no tener miedo: ni de los uribistas, ni de los petristas, ni del gobierno de Trump. La justicia hace parte integral y fundamental de nuestra soberanía. Es la que mantiene la paz y resuelve las diferencias entre ciudadanos, y, por lo tanto, debe estar tan lejos de las injerencias políticas como sea necesario.
Esos miedos y esas presiones, vengan de donde vengan, no solo afectan la institucionalidad, sino también la integridad de las personas encargadas del proceso, especialmente de la jueza.
¿Acaso es ella una vendida de un lado o del otro? ¡No!
Los jueces, en su función constitucional, deben usar la ley para determinar si alguien es culpable o no, y dictar una sentencia conforme a derecho. Deben dejar atrás presiones, opiniones personales y cualquier otra interferencia que afecte una decisión ecuánime bajo la sombrilla de las leyes.
Esta columna también es una invitación a los lectores a que, sin importar su orientación política, el 28 de julio, sea cual sea la sentencia, no salgamos a quemar banderas rojas o azules gritando “¡fraude!” o “¡corrupción!”.
Démosle a este caso —por la figura que involucra— y, sobre todo, a nuestra patria, la altura que merece: acatemos en derecho la sentencia. De lo contrario, ¿con qué cara podremos pedir respeto por la soberanía de Colombia si nosotros mismos caemos en frases como “mi presidente nunca haría eso” y justificamos nuestras creencias con teorías de conspiración?
Ojo, esto también aplica si, en algún futuro, el otro bando se encuentra en el banquillo de los acusados.
Dios nos libre, así sea por un momento, de creer que nuestros héroes lo son por ser perfectos ininterrumpidamente.
Y Dios nos libre de creer que un hombre está por encima del Estado.
Daniel Santiago Leguizamón Figueroa
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