TLC con Israel: extrañando la “Doctrina López”
Colombia, como país soberano, es libre de decidir si quiere y con quién quiere construir acuerdos políticos o comerciales. Eso es claro y hace parte de su soberanía como Estado. El fondo del tema no es por tanto si el tratado de libre comercio entre Colombia e Israel debía o no hacerse. El verdadero tema de fondo son las condiciones legalmente discutibles en las que se redactó el tratado y, sobre todo, la reciente decisión colombiana de abrir una “Oficina de Innovación y Capital Emprendedor” justamente en Jerusalén y no en Tel Aviv.
Ya de por sí el tratado de libre comercio fue objeto de largos y acalorados debates en cuanto a su legalidad, especialmente por la definición territorial que Israel le imprimió al texto. En lugar de precisar cuál era el territorio israelí sujeto de beneficios arancelarios —y en consecuencia que gozaba de soberanía territorial—, los negociadores emplearon una definición vaga, etérea y que llevaba a Colombia a reconocer como suelo israelí vastas zonas ocupadas de Cisjordania y Jerusalén Este, territorios claramente palestinos, a la luz de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho internacional.
Extrañamente, la Corte Constitucional, en la revisión del tratado, concluyó, poco más y poco menos, que las resoluciones del Consejo de Seguridad y otros elementos básicos y mandatorios del derecho internacional público no tenían relación con una herramienta “exclusivamente comercial”, avalando así una definición territorial israelí que nadie en el mundo se ha atrevido a aceptar.
El siguiente capítulo de estos micos derivados del tratado ocurrió durante su evento de lanzamiento, el pasado lunes 10 de agosto. Mediante un evento virtual, el presidente Duque anunció la apertura de la oficina de “innovación” en suelo israelí. Aunque el presidente colombiano no mencionó a Jerusalén como sede, parece ser que el primer ministro israelí tiene información de que así será y lo da como un hecho.
No cabe duda que Colombia intentará dar las aclaraciones necesarias. Dirá que esta decisión no avala las aspiraciones territoriales ilegales de Tel Aviv, que solo se limitará al comercio o cualquier otro eufemismo. No obstante, la realidad es otra y tan claro fue el mensaje colombiano, que el primer ministro Netanyahu afirmó —después del anuncio del presidente Duque— que agradecía esta decisión de abrir una representación en “Jerusalén, capital de Israel”.
Simplificando el tema, la decisión colombiana es un espaldarazo a la posición de Tel Aviv, criticada por un consenso mayoritario de la comunidad internacional y en contra de decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad, donde se deja claro que en cuanto a Jerusalén, la parte Este es territorio palestino ocupado y bajo ninguna perspectiva es suelo israelí.
Inoportuno espaldarazo, justo en momentos en que la comunidad internacional criticó con dureza a Tel Aviv por su pasado anuncio de anexar el 30 % de Cisjordania y donde Colombia guardó un solitario silencio, alejándose de nuevo del consenso internacional.
Es momento de extrañar la “Doctrina López”, guía para el comportamiento colombiano en lo relacionado con la ocupación israelí de Palestina, la cual le ahorró al país discusiones y desgastes innecesarios.
Luis Alexánder Montero M.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Colombia, como país soberano, es libre de decidir si quiere y con quién quiere construir acuerdos políticos o comerciales. Eso es claro y hace parte de su soberanía como Estado. El fondo del tema no es por tanto si el tratado de libre comercio entre Colombia e Israel debía o no hacerse. El verdadero tema de fondo son las condiciones legalmente discutibles en las que se redactó el tratado y, sobre todo, la reciente decisión colombiana de abrir una “Oficina de Innovación y Capital Emprendedor” justamente en Jerusalén y no en Tel Aviv.
Ya de por sí el tratado de libre comercio fue objeto de largos y acalorados debates en cuanto a su legalidad, especialmente por la definición territorial que Israel le imprimió al texto. En lugar de precisar cuál era el territorio israelí sujeto de beneficios arancelarios —y en consecuencia que gozaba de soberanía territorial—, los negociadores emplearon una definición vaga, etérea y que llevaba a Colombia a reconocer como suelo israelí vastas zonas ocupadas de Cisjordania y Jerusalén Este, territorios claramente palestinos, a la luz de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho internacional.
Extrañamente, la Corte Constitucional, en la revisión del tratado, concluyó, poco más y poco menos, que las resoluciones del Consejo de Seguridad y otros elementos básicos y mandatorios del derecho internacional público no tenían relación con una herramienta “exclusivamente comercial”, avalando así una definición territorial israelí que nadie en el mundo se ha atrevido a aceptar.
El siguiente capítulo de estos micos derivados del tratado ocurrió durante su evento de lanzamiento, el pasado lunes 10 de agosto. Mediante un evento virtual, el presidente Duque anunció la apertura de la oficina de “innovación” en suelo israelí. Aunque el presidente colombiano no mencionó a Jerusalén como sede, parece ser que el primer ministro israelí tiene información de que así será y lo da como un hecho.
No cabe duda que Colombia intentará dar las aclaraciones necesarias. Dirá que esta decisión no avala las aspiraciones territoriales ilegales de Tel Aviv, que solo se limitará al comercio o cualquier otro eufemismo. No obstante, la realidad es otra y tan claro fue el mensaje colombiano, que el primer ministro Netanyahu afirmó —después del anuncio del presidente Duque— que agradecía esta decisión de abrir una representación en “Jerusalén, capital de Israel”.
Simplificando el tema, la decisión colombiana es un espaldarazo a la posición de Tel Aviv, criticada por un consenso mayoritario de la comunidad internacional y en contra de decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad, donde se deja claro que en cuanto a Jerusalén, la parte Este es territorio palestino ocupado y bajo ninguna perspectiva es suelo israelí.
Inoportuno espaldarazo, justo en momentos en que la comunidad internacional criticó con dureza a Tel Aviv por su pasado anuncio de anexar el 30 % de Cisjordania y donde Colombia guardó un solitario silencio, alejándose de nuevo del consenso internacional.
Es momento de extrañar la “Doctrina López”, guía para el comportamiento colombiano en lo relacionado con la ocupación israelí de Palestina, la cual le ahorró al país discusiones y desgastes innecesarios.
Luis Alexánder Montero M.
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