Como un gran beneficio se anuncia un nuevo subsidio para la compra de vivienda, pero un análisis simple evidencia que otra vez el Gobierno muestra preferencias por los grandes grupos económicos y total desconexión con las necesidades de las mayorías. Este subsidio, en vez de fomentar un mejor aprovechamiento del tejido residencial existente, emite un estímulo derrochador, elitista y agresivo con el ambiente. Veamos.
1. Se otorgan $439.000 por mes durante siete años, supuestamente, a personas con capacidad de pago que pueden acceder a créditos bancarios. Como no hay restricciones de ingreso para acceder al beneficio, no importará si realmente la persona tiene una capacidad de pago mayor, porque aun así saldrá beneficiada.
2. Al mismo tiempo un trabajador informal (como la mayoría, antes y durante la crisis del COVID-19) no puede acceder a un crédito y, por ende, tampoco al subsidio, pues la postulación es a través de los bancos.
3. Las viviendas subsidiadas no son exactamente las más baratas. ¿Por qué subsidiar viviendas caras si en el mercado hay productos más baratos? Desde este punto de vista, parece que el beneficio no será para los compradores sino para las constructoras.
4. Un porcentaje (40 %) estará destinado —o al menos habilitado— para compra de segunda vivienda. Quiere decir que es un subsidio que, en vez de ayudar a quien no tiene casa, ayuda a los que ya la tienen. Adicionalmente, este esquema no fomenta la densificación de las áreas centrales, pues la mayoría de proyectos nuevos, donde se comprarán esas segundas viviendas, están apareciendo en áreas periféricas.
5. El subsidio no se puede usar para comprar viviendas usadas. Es decir, aunque hoy se cuenta con un parque inmobiliario inmenso de viviendas desocupadas para vender y arrendar, no se fomenta su aprovechamiento y, por el contrario, se estimula la construcción de más edificios que representarían grandes costos ambientales, tanto en la producción de materiales como en la ocupación de áreas que hoy son verdes.
6. Se dice que el subsidio se repartirá de manera eficiente y equitativa. ¿Pero qué pasa si les damos los $439.000 mensuales por siete años a las personas que viven en casas autoconstruidas o en condiciones de inhabitabilidad? ¿No será más eficiente y equitativo subsidiar el mejoramiento de vivienda?
7. El subsidio se presenta como una “bolsa nacional”, pero es evidente que existen ciudades donde el déficit de vivienda es mayor y más grave. ¿No sería mejor orientar los recursos hacia las regiones que más lo necesitan?
8. Este subsidio, al igual que el que se eliminó para la clase media, parece ser a la tasa de interés, lo cual se traduce en un beneficio para los bancos y no para las personas. A los compradores no se les reduce el precio de la vivienda, simplemente se les cobran menos intereses (que siguen existiendo), pero la deuda no se reduce realmente. Se trata de un gancho comercial.
9. En las principales capitales del país la vivienda no VIS es más cara (150 SMMLV) y se esperaría que estos subsidios se concentren en estas ciudades, con lo cual se utilizarán recursos del Estado para comprar productos más caros que los ofrecidos en otras áreas, aumentando la concentración de capital y, en consecuencia, la desigualdad.
La reflexión debe ser más de fondo, porque no puede ser que la esperanza de reactivación económica se concentre en una actividad altamente contaminante, basada en la explotación de no renovables, multiplicadora de una clase trabajadora de poca preparación y baja remuneración, y que, tal como viene siendo practicada, simplemente está produciendo una mayor segregación socioespacial.
*Arquitecto, magíster en Arquitectura y Tecnologías Sostenibles, magíster en Geografía, estudiante de doctorado en Geografía en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Por Juan Guillermo Villegas Alzate*
